PPCasado volvería a restringir la sanidad a los 'sin papeles'

Plantea recuperar la ley que en 2012 limitó el acceso al sistema a los extranjeros sin residencia legal

NURIA VEGA

las palmas. Pablo Casado abogó ayer por volver a la reforma sanitaria que impulsó la exministra de Sanidad Ana Mato en 2012 y que restringía el acceso al sistema a los visitantes extranjeros y a los inmigrantes irregulares. «Acababa con el turismo sanitario -argumentó el líder del PP en defensa de la normativa- ahorraba mil millones de euros, pero, sobre todo, no evitaba la solidaridad porque se permitía la acogida y la atención en urgencias, maternidad y enfermedades infecciosas».

El candidato de los populares trasladó esta propuesta en su cuarto día de campaña. De visita a Las Palmas de Gran Canaria, responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de estimular el «efecto llamada» tras la acogida el verano pasado del barco Aquarius después de que Italia y Malta impidieran que el buque atracara en sus puertos. Casado comparó la actual política migratoria del PSOE con la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y advirtió de que sus apelaciones «buenistas» ponen «en riesgo de sostenibilidad los servicios sociales y la seguridad de nuestras fuerzas policiales». Cifró el aumento de la inmigración ilegal en un 170%.

En este contexto apostó, entre otras medidas, por «por poner en práctica la ley de racionalización del sistema sanitario de 2012» que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy hace siete años. Acabar con esta norma fue uno de los compromisos de Sánchez tras la moción de censura, y el pasado 27 de julio llevó al Consejo de Ministros la recuperación de la sanidad universal en la atención primaria para todas personas que residen en España y puedan acreditarlo con la inscripción en el padrón u otro documento acreditativo. El Congreso aprobó definitivamente el decreto en septiembre.

Con la ley aprobada en el Gobierno de Rajoy en 2012, el padrón no bastaba para recibir la asistencia gratuita, se exigía la residencia fiscal para ctener acceso a la tarjeta sanitaria. De esa forma, explicó en su día Ana Mato, se verificaría que quienes la solicitasen tenían residencia legal y «trabajan como nosotros y pagan sus impuestos». Los inmigrantes sin permiso de residencia solo podían acceder a urgencias, maternidad y atención infantil.

La medida afectó a cerca de medio millón de personas, y según los cálculos de la entonces ministra, el objetivo era ahorrar 500 millones de euros.