El deseado control de una Cámara ninguneada

García-Escudero preside en 2018 la constitución de la comisión del 155 en el Senado. :: BALLESTEROS / EFE/
García-Escudero preside en 2018 la constitución de la comisión del 155 en el Senado. :: BALLESTEROS / EFE

La facultad del Senado para aprobar la intervención de una autonomía convierte la institución en clave para la legislatura

PAULA DE LAS HERAS

El 27 de octubre de 2017, en el momento cumbre de la ofensiva independentista de los más altos cargos de la Generalitat, muchos españoles, y podría decirse incluso que muchos políticos, descubrieron la utilidad del Senado. La Cámara alta ha tenido siempre, merecidamente, fama de institución inútil. Su nombre bautismal como cámara territorial nunca respondió realmente a su verdadera naturaleza. A la hora de la verdad, prácticamente se ha dedicado durante décadas a hacer una segunda lectura de las leyes aprobadas por el Congreso sin tener jamás la última palabra sobre su contenido. Pero es la única que puede activar el artículo 155 de la Constitución y permitir al Gobierno la intervención de una autonomía.

Esa función específica y exclusiva convierte al Senado en un instrumento clave para la próxima legislatura. Y explica el nerviosismo que se ha apoderado del PP. Durante más de dos décadas, desde 1996 hasta la actualidad, los conservadores han sido la primera fuerza en la Cámara alta. Lo fueron incluso durante los siete años en los que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno gracias a la mayoría del Congreso. Pero, salvo sorpresa mayúscula, eso está a punto de cambiar. El sistema de listas abiertas y la fragmentación del voto pasarán factura al partido de Pablo Casado en beneficio del PSOE.

En la precampaña el líder de los populares trató de convencer a Ciudadanos para forjar una alianza que les permitiera comparecer juntos si no al Congreso, al menos, a los comicios para el Senado. Sus ruegos cayeron en saco roto. Los conservadores tienen, con todo, otra opción para tratar de asegurar el control de la Cámara alta por parte de la derecha, aunque ni es fácil de implementar ni hay ninguna garantia de que el esfuerzo arroje el resultado deseado: una mayoría absoluta de los 266 senadores (58 elegidos por los Parlamentos autonómicas y 208 en las urnas este 28 de abril).

La receta consistiría en una campaña de explicación sobre cómo hay que votar en el Senado, lo que supondría revertir muchas inercias, porque lo cierto es que hay quien directamente no muestra el más mínimo interés en votar (en 2016 metieron su papeleta en la urna casi 280.000 personas menos de las que votaron al Congreso) y quien deja claro que lo de esta segunda cámara no le convence.

Poner las 'x'

El voto estratégico, para aquellos que sí conceden importancia a cómo quede el reparto de poder en el Senado (sean de una ideología o de otra) pasa por comprender cómo se elige a sus miembros, que nada tiene que ver con el sistema empleado para el Congreso. La papeleta del Senado es una sábana de color salmón en la que aparecen todos los partidos con los nombres de los aspirantes que se presentan bajo cada sigla acompañados de un recuadrito que debe rellenarse con una 'x'.

Es decir, no se vota a una lista cerrada, como en el Congreso, sino que se puede optar por personas concretas. Si uno quiere puede votar de una sola tacada a candidatos de partidos distintos. Pero esto no suele ocurrir. Y ahí está el 'quid' de la cuestión.

En cada provincia se elige a cuatro senadores, salvo en las insulares, que eligen tres, en Melilla dos y en Ceuta uno. Los ciudadanos no marcan cuatro casillas sino tres y los escaños van para los cuatro más votados. Lo normal es que quien ha votado a un partido en el Congreso opte por poner las tres 'x' en tres candidatos de esa misma formación, sin más consideraciones. Eso hace que el partido mayoritario en la circunscripción se lleve tres escaños, el segundo logre tan solo uno y el resto se vaya de manos vacías.

Pero volviendo a la facultad de intervenir una comunidad autonóma, de nada sirve controlar el Senado si esa formación política no está en el Gobierno, que es de donde ha de partir la solicitud al órgano parlamentario.