¿Qué hacer con... los impuestos autonómicos?

El catedrático de Derecho Financiero y Tributario y decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa, y el periodista Francisco Jiménez abordan la situación de la fiscalidad autonómica

¿Qué hacer con... los impuestos autonómicos?
JUAN JOSÉ HINOJOSA y FRANCISCO JIMÉNEZMálaga
Juan José Hinojosa Escaso margen de maniobra tributaria

A pesar de que a veces los políticos hablan de los impuestos autonómicos como si subirlos o bajarlos tuviese una incidencia decisiva en la actividad de las empresas o en el empleo, lo cierto es que esas afirmaciones están muy alejadas de la realidad. Lamentablemente, las Comunidades Autónomas no tienen un margen de maniobra tributaria tan importante. Del montante de los ingresos de Andalucía (35.000 millones €), aproximadamente algo menos de la mitad son tributarios y la práctica totalidad de estos se debe a impuestos estatales cuyo rendimiento está cedido a la Comunidad completamente (sucesiones y donaciones, transmisiones, patrimonio, juegos) o en parte (IRPF, IVA, Impuestos Especiales).

La Comunidad puede regular algunos elementos de los tributos cedidos, aunque de modo limitado y no en todos ellos; por ejemplo, no puede tocar el tipo del IVA o del Impuesto sobre Sociedades, ni tampoco bonificar ilimitadamente la cuota del IRPF. Si introduce reducciones o deducciones o disminuye los tipos impositivos, sus ingresos bajan; si aumenta los tipos, suben.

Lo que ocurre es que esta segunda opción es menos rentable políticamente, de ahí que la haya usado con cuentagotas y casi siempre afectando a personas con mayor capacidad económica (las rentas más altas en el IRPF; los patrimonios, sucesiones o donaciones más importantes; los impuestos sobre el juego y asimilados). A veces no se ha hecho esa discriminación positiva, como en las transmisiones patrimoniales (excepto las elevadas) o en los actos jurídicos documentados.

Por el contrario, como Andalucía ha aplicado más su capacidad normativa ha sido disminuyendo ingresos mediante beneficios fiscales, principalmente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el de Actos Jurídicos Documentados y en el IRPF; beneficios que, en su conjunto, han favorecido a servicios y prestaciones sociales, fomento empresarial y vivienda.

Paradójicamente, sin embargo, las mayores críticas en Andalucía se hacen a los dos primeros impuestos. Al de Actos Jurídicos Documentados, debido al tipo aplicable (tres veces superior al del Estado, pero igual al de algunas otras Comunidades). Y al de Sucesiones, por no haberse reducido o bonificado la cuota del impuesto como en otras Comunidades. Esto es así, como también que el número las herencias gravadas en 2017 fue inferior al 8% de las causadas y que en 2018, después de la última reforma, no se espera que supere el 3%, puesto que no pagarán los herederos de menos de un millón de euros. Con todo, la recaudación estimada para este año es de 390 millones de euros, o sea, poco más de un 1% del presupuesto andaluz, de modo que, en realidad, su impacto no es determinante. La cuestión es si el Estado, titular del impuesto, estaría dispuesto a compensar esa pérdida recaudatoria a la Comunidad en caso de que ésta lo bonifique o si se suprime, algo que sólo el propio Estado puede hacer. Hasta ahora se ha mostrado esquivo.

En fin, se comprenderá que las Comunidades de régimen común no tienen sistemas tributarios autosuficientes y este es el gran reto para el futuro. Por tanto, puede decirse que Andalucía, como las demás, es una Comunidad fiscalmente dependiente, una rémora muy importante en el cómputo global de la cota de autonomía política que puede alcanzar y, por tanto, también un límite a la responsabilidad que debe asumir.

Francisco Gutiérrez La Hacienda pública siempre gana

La tributación autonómica es la gran desconocida, pero aquí no vale aquello del corazón que no ve, corazón que no siente. El contribuyente sabe que las arcas del Estado se nutren fundamentalmente del trabajo a través del impuesto de la Renta (IRPF) y del consumo mediante el IVA. Y también conoce de sobra que la máquina recaudatoria de los ayuntamientos tiene asegurado un filón con el IBI, el impuesto de circulación y las plusvalías para mantener sus servicios, y también sus estructuras. En el ámbito autonómico, aunque las regiones reciben parte del pastel del IVA o del impuesto al combustible, los tributos que gestionan directamente las administraciones regionales –mediante cesión por parte del Estado– se pueden contar con los dedos de una mano. Efectivamente, son pocos, pero no precisamente insignificantes para el bolsillo de los ciudadanos. Sobre todo en Andalucía, que pese al maquillaje que pueden suponer las diversas bonificaciones que se aplican para casos concretos, lo cierto es que lidera buena parte de los 'rankings' a la hora de cobrar, como es el caso del tramo autonómico del IRPF, que se sitúa en los niveles más altos del país.

También está el polémico impuesto de Sucesiones, que fruto de la presión social y política ha quedado prácticamente eliminado este año para los casos de herencias a cónyuges, padres e hijos al quedar exentos todos aquellos que reciban menos de un millón de euros. Mucho ruido, sí, pero pocas nueces para esta medida acordada por PSOE y Ciudadanos puesto que, en la práctica, apenas un 7% de los malagueños pasaba por caja antes del cambio, cuando el mínimo para librarse estaba en 250.000 euros por cabeza. Ahora lo hará en torno al 3%.

Lo que no ha variado es el sablazo para quienes reciben un legado de hermanos, tíos, parientes lejanos o amigos. No sólo no llevan ninguna bonificación, sino que la cuota se puede multiplicar por hasta 2,4 en función del grado de parentesco y del patrimonio que ya de por sí tenga el heredero. Casi nada.

Pese a todo, las mayores alegrías al fisco andaluz proceden del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que se nutre de las compraventas o arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. Si te compras un coche o una moto de segunda mano, pagas. Si adquieres una vivienda, por supuesto que también. Y a nivel societario, se hace caja con cada constitución de empresa, fusión, ampliación de capital e incluso disolución que se produzca. Las arcas públicas siempre ganan.

Capítulo aparte merece el gravamen de los Actos Jurídicos Documentados, que hay que abonar por cada escritura o acta notarial (al margen de lo que cobre el fedatario público con su correspondiente IVA incluido). Ha estado ahí durante más de dos décadas, pero no ha sido hasta ahora cuando el llamado impuesto de las hipotecas ha cobrado relevancia a raíz del lamentable espectáculo ofrecido por el Tribunal Supremo tras librar primero al cliente de este pellizco en detrimento de los bancos y luego rectificar. En Andalucía, como en el resto de la geografía española, los políticos se ha echado las manos a la cabeza. ¡Vaya impuesto más injusto! Pero olvidan que aquí está en el máximo legal desde que la Junta lo subió en 2012. Sí, en plena crisis. Se compraban menos casas, pero al que se atreviera a comprar, a pagar por los que no lo han hecho. A ello se une otro factor que afecta especialmente a la provincia de Málaga, donde el próximo año van a incrementarse los tributos autonómicos ligados al mercado inmobiliario (Transmisiones, Actos Jurídicos y Sucesiones) en tres de cada cuatro municipios debido al aumento del coeficiente autonómico que se aplica al valor catastral para ajustarlo a los precios de mercado. Lo dicho, la hacienda pública siempre gana.