La indecisión del Supremo sobre el impuesto frena la firma de hipotecas en las notarías

Hay un plazo de 30 días hábiles para liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados desde la firma de la hipoteca./ Archivo
Hay un plazo de 30 días hábiles para liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados desde la firma de la hipoteca. / Archivo

En las operaciones que se llevan a cabo, los notarios advierten a los clientes de la situación de indefinición de este impuesto y aconsejan esperar al 5 de noviembre para pagarlo

Nuria Triguero
NURIA TRIGUERO

Con su indefinición sobre quién debe pagar el Impuesto Jurídico sobre Actos Documentados (IAJD), si el hipotecado o el banco, el Tribunal Supremo ha llevado la incertidumbre a un mundo tan ordenado y previsible como las notarías. La firma de hipotecas se ha frenado ostensiblemente, según confirman notarios de diferentes municipios de la provincia consultados por este periódico. Y es que desde este lunes se suceden las cancelaciones de operaciones a petición de los clientes, que prefieren esperar a que el Alto Tribunal emita su decisión final sobre este gravamen el próximo 5 de noviembre.

«Es un caos, la notaría se ha quedado vacía», afirma Pilar Fraile, notaria en Málaga capital. En su oficina, varias operaciones se han suspendido en lo que va de semana por iniciativa de los bancos, que no quieren pillarse los dedos hasta saber con seguridad si les corresponde a ellos o a sus clientes abonar el IAJD. «Esto no sólo nos trastoca a nosotros: afecta a las gestorías, a las inmobiliarias... ¿Qué pasa, por ejemplo, si vence un contrato de arras en este compás de espera?», se pregunta la notaria.

Otro profesional que opera en la capital malagueña y prefiere no revelar su nombre asegura que las operaciones se han paralizado «en un 80%» y cree que este porcentaje irá subiendo conforme se acerque el día 5 de noviembre.

Aviso explícito

En las firmas de hipotecas que sí se están llevando a cabo, los notarios se aseguran de seguir las indicaciones del Consejo General del Notariado, que envió una circular el lunes instándoles a «advertir» a los clientes sobre la situación generada tras la sentencia del Supremo y su posterior rectificación. Ese aviso puede quedar plasmado en la escritura –es complicado modificar ese documento cuando se está ante el notario, pero sí se puede incluir en los días de negociación previa–; aunque también tendría validez al ser una aclaración realizada en vivo por el notario.

Así, Joaquín María Crespo, notario de Marbella, explica que en las tres hipotecas que se han firmado en lo que va de semana en sus dependencias se ha introducido «una advertencia para dejar patente la situación de pendencia en la que estamos hasta que el Supremo aclare quién es el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados». En estas operaciones, añade, las entidades financieras han incluido en sus minutas una cláusula en la que manifiestan que provisionalmente asumen el impuesto pero que en función de lo que diga el Supremo repercutirá ese gasto al cliente o no. Crespo recuerda que hay 30 días hábiles para hacer la liquidación del impuesto, plazo suficiente para que el Supremo se pronuncie y acabe con esta incertidumbre.

Sin embargo, en muchos otros casos –la mayoría, al parecer– están siendo los ciudadanos los que cargan provisionalmente con la responsabilidad de tributar. Así lo han decidido la mayor parte de las entidades financieras, ya que interpretan que por el momento sigue rigiendo la obligación de tributar del prestatario. Los bancos argumentan que el fallo del Supremo del día 16, en el que sentenciaba que pagara el banco, solo afecta a las partes implicadas en el caso concreto que dio lugar a la sentencia: Ayuntamiento de Rivas y Comunidad de Madrid. Para el resto, según su opinión, hay que esperar a que el Alto Tribunal aclare cuál es el criterio general.

El sector da por hecho que las hipotecas se encarecerán

J. M. CAMARERO

La espera a la que el Supremo ha postergado al mercado durante dos semanas para decidir el criterio a aplicar endurecerá las condiciones con las que se aprueben los nuevos créditos a partir de ahora. El sector da por descontado que si se les imputa el pago del AJD, ese coste –entre 600 y 2.000 euros, dependiendo de la operación y la comunidad autónoma– se trasladaría a la hipoteca vía tipo de interés. De hecho, antes de que el Supremo dejara en el aire el criterio de la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso, los bancos ya no se mostraban proclives a relajar esas condiciones.

 

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