El Tribunal de Cuentas critica la vía de los créditos para financiar las pensiones

Apuesta por efectuar transferencias hasta que el Pacto de Toledo llegue a un acuerdo para sanear las cuentas del sistema

R. C.

madrid. El Tribunal de Cuentas critica la vía de los créditos concedidos por la Administración General del Estado (AGE) a la Seguridad Social desde 2017 para cubrir su déficit y abonar las pagas extraordinarias de las pensiones. En su lugar aboga por efectuar transferencias hasta que en el Pacto de Toledo se alcance un acuerdo político para sanear las cuentas del sistema.

Según recoge en su informe denominado 'Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017', esos préstamos «no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural». Tampoco, añade, han contribuido al «saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco han tenido reflejo en su neto patrimonial que continúa siendo negativo». «Más bien al contrario -continúa el órgano fiscalizador-, dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia». A 31 de diciembre de 2017 el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social recogía una deuda a favor de la AGE de 27.360,7 millones de euros.

Para hacer frente al déficit en el sistema, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió otorgar préstamos a la Seguridad Social de 10.192 millones de euros en 2017 otros 13.830 millones de euros en 2018.

El Tribunal de Cuentas también reclama, según EP, «promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable» los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y su deuda contraída con el Estado, una labor que, apunta «podría abordarse en el marco del denominado Pacto de Toledo». Pero mientras tanto, y «teniendo en cuenta que el problema deriva de sus operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la AGE, no de la concesión de nuevos préstamos», justifica.

Sin embargo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado (17.168,7 millones) tiene su origen en préstamos concedidos entre 1992 y 1999, añade el informe. Con ellos se buscaba superar una primera crisis «provocada, en gran medida, porque la Seguridad Social hubo de financiar con sus recursos una parte de los gastos de asistencia sanitaria, servicios sociales y prestaciones familiares. Todo ello hasta que el Pacto de Toledo recomendó financiar estas prestaciones por el Estado.