Salario mínimo, debate mayúsculo

Salario mínimo, debate mayúsculo
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Más allá de barricadas ideológicas, los economistas creen que la subida del SMI no reducirá la pobreza laboral

Nuria Triguero
NURIA TRIGUERO

La fe ciega da una tranquilidad tremenda. Si eres un acérrimo militante de izquierdas, la subida del salario mínimo a 900 euros pactada por el Gobierno y Podemos te parecerá la solución a todos los males. Si lo eres de derechas, la considerarás peligrosa, irresponsable y demagógica. A esto se reduce el debate estos días en los círculos políticos y redes sociales. Hay otra manera de abordar el asunto, claro: alejarse de barricadas ideológicas y escuchar lo que tienen que decir los economistas. Lo que ocurre es que ellos no ofrecen tantas certezas como los líderes políticos. Para empezar, porque una subida tan fuerte del Salario Mínimo Interprofesional (del 22,3% en un solo año) no tiene precedentes en España. «Nos adentramos en territorio desconocido», admite Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y colaborador habitual del blog de divulgación económica 'Nada es gratis'.

Precisamente en la brusquedad de esta subida se centra el principal miedo de los economistas consultados para elaborar este artículo. «Tú tiras una piedra en un estanque y surgen una serie de ondas que es difícil determinar dónde van a acabar. Con una medida de este tipo pasa algo parecido. Por ejemplo, lo que ha pasado con los autónomos esta semana: resulta que la subida del SMI les afecta colateralmente en sus cotizaciones y el Gobierno ha tenido que rectificar a toda prisa», apunta Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España.

Para Felgueroso, «la probabilidad de que una subida del SMI tan brusca tenga efectos perversos es alta». El problema, en su opinión, no es que 900 euros sea un sueldo desorbitado. Se situaría en el 60% del salario mediano en España, lo que está en la línea con la recomendación de la UE. El problema, añade, es pasar de 736 a 900 euros de un año para otro. Coincide Fernando Faces, profesor de Entorno Macroeconómico en el Instituto Internacional San Telmo, que recuerda el viejo axioma: «Las subidas salariales, si no van acompañadas de aumento de productividad, pueden destruir empleo». Y en España, añade, la productividad está creciendo de forma muy lenta, a ritmos del 0,2%.

Hay otro problema añadido, y es que la subida del SMI no va a afectar a todas las empresas ni a todas las zonas de España por igual. Porque ¿dónde están los trabajadores que cobran los sueldos más bajos? Desde luego, no en la industria o en las compañías del Ibex. Son las empresas de servicios y agricultura, y de tamaño pequeño o micro, las que se van a enfrentar en mayor medida a este aumento forzoso de sueldos. Y si hablamos de regiones, las diferencias son considerables: en 2019, si se aplica la subida del SMI a 900 euros, el porcentaje del total de asalariados que cobran el salario mínimo se situaría por encima del 13% en Extremadura y Canarias, casi en el 10% en Andalucía... pero seguiría por debajo del 4% en País Vasco y Navarra. El miedo de economistas como Fernando Faces es que las empresas de pequeño tamaño, de sectores menos cualificados y de las regiones más pobres, que son las menos productivas, no sean capaces de absorber esta subida de costes laborales y acaben destruyendo empleo... o yéndose a la economía sumergida. Ya se sabe: «Te contrato por cuatro horas y trabajas ocho».

El caso de los jóvenes

José Juan Benítez Rochel, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, señala a un colectivo que considera especialmente en riesgo: los jóvenes. «Algunos saldrán beneficiados porque verán aumentar el salario que reciben pero es muy probable que otros muchos salgan perjudicados porque sean despedidos o porque no sean contratados», apunta.

Aparte de este riesgo de frenar la creación de empleo, especialmente en los colectivos y sectores menos productivos, los expertos hacen otra crítica a la subida del SMI: no es una herramienta realmente eficaz para combatir la pobreza laboral . «Es una medida de marketing político, pero poco eficaz para resolver los problemas de la gente», resume Felgueroso. «Tenemos un millón de personas cobrando el SMI y más de cinco millones que se quedan por debajo de esos ingresos. Y no es porque se incumpla la ley, sino porque no trabajan suficiente tiempo: son víctimas de los contratos temporales y a jornada parcial. Por mucho que subamos el SMI, no vamos a arreglar su problema», añade. Faces cree que no sólo no lo arreglará, sino que lo empeorará: «Por mejorar la situación de unos –los que cobran el SMI– se pone en riesgo a otros, que son precisamente los más vulnerables: jóvenes, parados de larga duración y empleados de baja cualificación», afirma.

En esta línea, Antonio Clavero, profesor de Estadística y Econometría de la UMA, recuerda que hay quienes apuntan que mejor que aumentar el SMI sería «esforzarse en ampliar las horas trabajadas reduciendo el número de contratos temporales y de los contratos a tiempo parcial no deseados». «Quizás, como existe en otros países europeos como Bélgica, Francia y Holanda, hubiera sido preferible establecer salarios mínimos que crezcan con la edad para no perjudicar el empleo de los jóvenes», apunta Benítez Rochel. Por su parte, Felgueroso ha apostado en varios artículos por que la introducción de un complemento salarial o un impuesto negativo para los colectivos más vulnerables sería una vía más eficaz para combatir la pobreza laboral.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que no deberían ser los políticos quienes fijen el devenir del SMI, sino una comisión de expertos independientes como la que existe en Reino Unido. «Se ha perdido otra excelente oportunidad de consultar a los economistas que analizan de forma objetiva el mercado de trabajo», lamenta Benítez Rochel.

En su contexto

Disminución del índice de pobreza de los trabajadores.
Aumento de recaudación de la Seguridad Social.
aumento del consumo de las familias, que a su vez dinamizará la demanda interna y, en último término, la creación de empleo.
La subida salarial generaría inflación, lo que mermaría el poder adquisitivo de los trabajadores.
Las empresas perderían competitividad, lo que podría generar destrucción de empleo.
Aumento de la economía sumergida.
Riesgo de que disminuya la contratación de jóvenes y otros colectivos vulnerables.
No es efectivo para combatir la precariedad y la pobreza laboral, que está causada por temporalidad y contratos a tiempo parcial.

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