Más de 800.000 funcionarios interinos esperan que la UE obligue a España a hacerlos fijos en octubre

Suman unos 800.000 en toda España y esperan que la justicia europea sancione «pronto» a España por la no aplicación de la directiva 1999/70/CE relativa al trabajo temporal que entró en vigor en 2001 y cuyos dos principios fundamentales son la no discriminacion entre el personal fijo y temporal y la prohibición del abuso en la temporalidad sucesiva para evitar la precarización.

El abogado Javier Araúz que lidera la causa ante Europa ha explicado en una comparecencia ante los medios este martes en Madrid que este incumplimiento de la normativa está siendo perseguida por las instituciones de la UE. El letrado ha asegurado que España es el único país de la UE que aún no aplica la directiva y que los niveles de incumplimiento son «patológicos» en cuanto al número de empleados públicos en esta situación como por el número de años que llevan así, incluso llegándose a jubilar siendo interinos.

En la Comunidad de Madrid el 31% de la plantilla de la Administración son temporales, sumando interinos y personal laboral. En el caso de la plantilla de médicos se eleva al 39% y llega al 80% en la categoría de médicos de urgencias hospitalarias. En Andalucía ocurre lo mismo, con una temporalidad del 50% en la Diputación Provincial de Sevilla o el 48% en el Ayuntamiento de Huelva.

En otras regiones como Castilla y León se dispara el número de temporales hasta el 90% de la plantilla total de informáticos de los servicios de salud pública o hasta el 51% en el Hospital Universitario de Ceuta. En el País Vasco la temporalidad en la universidad es del 62%, con 1.183 empleados temporales y solo 729 públicos fijos.

El colectivo denuncia que a ninguna empresa privada se le permitiría tener 800.000 empleados a los que se les puede despedir libremente sin ninguna indemnización, sin derecho a excedencias y con sueldos más bajos que sus compañeros fijos, como está sucediendo en la propia Administración Pública. Uno de los casos es el de María Luisa, que lleva 20 años trabajando para el Ministerio de Justicia como interina, los últimos nueve en el mismo puesto: «Me han llegado a cesar estando embaraza, algo que sería declarado despido nulo en cualquier empresa privada», denuncia.

Están convencidos de que la sentencia, que llegará previsiblemente a finales del próximo mes de septiembre o principios de octubre, será favorable y España deberá convertir en fijos a estas miles de personas. Ello puede ocasionar graves problemas para la Administración, ya que en algunos casos ha convocado plazas de oposición para esos meses -como en el Ministerio de Justicia- y en caso de que las 15.000 personas temporales se hagan fijas, habrá otras 15.000 que se acaban de sacar la plaza y que recolocar en puestos que ya no existirán, explica Araúz.

Y es que la posición del abogado general de la UE, que normalmente marca el camino a la sentencia posterior, debería publicarse este jueves 11 de julio pero ha pedido un aplazamiento hasta el 5 de septiembre por «sobrecarga de trabajo». Es por ello que la sentencia definitiva del TJUE estará lista para octubre, según los cálculos del abogado. Cabe también la posibilidad de que aunque Luxemburgo dictamine que España lleva vulnerando los derechos de los interinos desde 2001, no se conviertan automáticamente en fijos sino que las plazas salgan a concurso. Ellos consideran que en estas décadas de trabajo han cumplido los criterios de «mérito e idoneidad» para ese puesto y que no deberían tener que pasar por un examen.