Ultimátum del mediador a Gobierno y agentes sociales para pactar en la estiba

El Ejecutivo es el primer interesado en no dilatar más los plazos, pues sigue corriendo el contador diario de las dos multas aún no firmes que ha propuesto la Comisión Europea para España por no liberalizar la actividad de carga y descarga de mercancías en los puertos. Por eso ya ha adelantado que acepta la propuesta de Peña.

Los agentes sociales, que la recibieron este jueves por la tarde, no se han pronunciado aún. El mediador dice en su texto que recoge «íntegramente» las medidas de productividad consensuadas por la patronal (Anesco) y los sindicatos. Entre ellas estaba una rebaja salarial del 10% a cambio de ampliar la oferta de prejubilaciones y, además, que la subrogación de trabajadores entre las concesionarias actuales y las nuevas tuviera «rango de ley».

Pero la oferta de Peña, lejos de concretar ese punto, lo deja en manos del Gobierno, quien decidiría así qué «instrumento legal considera suficiente» para regular cómo se mantendrá el empleo o, en su defecto, se pacta su reducción gradual compensada económicamente. Admite el mediador, eso sí, que resulta «imposible» un acuerdo «global» visto que persisten algunas divergencias, por lo que anima a las partes a seguir negociando bajo la guía de su propuesta para «buscar un mínimo común denominador».

Y entre esas diferencias están las económicas. Pese a que el Ministerio de Fomento dijo apenas dos horas después de recibirlo oficialmente que «asume el documento» de Peña, mantiene que algunas medidas pactadas por los agentes sociales resultan «inasumibles» por su elevado coste, que estima en 2.415 millones.

«Discriminatorio» con otros sectores

Se refiere, por ejemplo, a que el Estado pague la diferencia salarial entre los nuevos estibadores y los subrogados, condición que pone la patronal para aceptar esa reivindicación sindical dado que hacerlo les implicará un sobrecoste pues los contratos actuales les resultan más onerosos (el sueldo medio llega a 68.000 euros) que los que puedan firmar cuando la liberalización sea un hecho y entren las empresas de trabajo temporal (ETT).

Otro punto que rechaza el departamento que dirige Iñigo de la Serna es que las jubilaciones anticipadas se prolonguen en el tiempo hasta el dimensionamiento óptimo de las plantillas, advierte. Así lo pactaron el miércoles Asneco y las centrales sindicales, como medio para asegurar que no habría despidos directos y que cualquier salida de empleados sería negociada.

Pero para el Gobierno autorizar todo eso supondría una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores de este país- Por ello emplaza a unos y otros a aceptar la propuesta inicial de ayudas de Fomento, que limitaba los retiros voluntarios -solo se podrían hacer cinco años antes de la edad ordinaria de jubilación en la estiba, los 55 años- y añadía un plan de bajas voluntarias para mayores de 50 años -que seguirían recibiendo el 70% de su sueldo hasta el retiro-. El coste de estas medidas, a diferencia de las otras, bajaría hasta el entorno de los 120 millones, según el Ministerio.