El taxi, dividido sobre si «confiar» en el Gobierno, avisa de que solo hay una «tregua» en su huelga

Retomará los paros en septiembre «si no lleva a cabo lo acordado» y algunas CC AA insisten en que la solución al conflicto debe ser estatal

J. A. BRAVO MADRID.

La resaca de la última jornada de huelga del taxi en España arrojó más dudas que certezas, aparte de la aparente vuelta a la normalidad. Sus principales líderes parecen velar armas respecto a lo que pueda pasar en septiembre -el día 11 habrá protesta en Portugal por el mismo problema-, cuando el Gobierno deba concretar sus promesas. En caso contrario, advirtieron ayer, el sector «no dudará en retomar las movilizaciones». Reconocieron, no obstante, la «buena voluntad» del Ejecutivo, «que parece haber iniciado el camino para garantizar el cumplimiento de la ley».

Y es que esa sigue siendo su principal reivindicación: que se establezcan los «cambios normativos necesarios» para «garantizar el cumplimiento» de la ratio de una licencia de vehículos de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 de taxi. Según las últimas cifras oficiales son 9.366 frente a 65.277, esto es, uno sobre siete, aunque desde la patronal de los primeros (Unauto) sostienen que sí se cumple «rigurosamente».

Para «corregir ese desequilibrio» el Ministerio de Fomento ofreció el miércoles a las comunidades autónomas, en la Conferencia Nacional de Transportes, «habilitar a la que lo requiera de la regulación necesaria para que gestione y regule este sector en él ámbito de su territorio». Las asociaciones de taxistas, en general, demandaban un traspaso de competencias, pero varios territorios pusieron diferentes objeciones.

Los dos grandes peros son de talante político y económico. De un lado, quieren que el Ejecutivo «solucione el problema» antes de echar «balones fuera», críticó ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. En la misma línea, su homólogo en la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, le afeó que «si su propuesta es que gobiernen los demás, para esto no se debe estar en el Gobierno». Incluso desde Andalucía, cuya Junta dirige el PSOE, puntualizaron que «no se puede trasladar, en pleno conflicto, la idea de que se resuelve transfiriéndolo» a las autonomías. Y desde Murcia abogaron por que la Administración central regule la actividad de taxi y VTC, actualmente en manos de ayuntamientos y autonomías, respectivamente, por delegación de poderes.

Por otra parte, Cantabria -junto a Madrid y Galicia, entre otras- pidió que si se ceden competencias sea de forma «completa», incluidos los «fondos» y «medios necesarios» para asumir esas «responsabilidades», aunque Fomento les ha avisado que no los habrá. Navarra y País Vasco, a su vez, prefirieron dar un «gesto de confianza» al Gobierno porque en ellas no se han extendido aún Uber y Cabify, las grandes plataformas que dominan el sector de VTC.

Solo Baleares y Canarias se mostraron ayer claramente confiadas en que esa cesión regulatoria «puede ser una solución de futuro». Todo lo contrario piensan en Ciudadanos, que por boca de su diputado Toni Cantó criticó que «será un auténtico caos» porque «vamos a tener 17 regulaciones distintas». Lo mismo se temen desde Fedetaxi, la asociación mayoritaria del sector, que ve en ello «una salida en falso».

A diferencia de otras organizaciones, cree que el Gobierno «no se merece un voto de confianza» por ofrecer «meros parches». Por ejemplo, la web para supervisar el funcionamiento legal de los VTC, aprobada en diciembre, aún no tiene fecha. Por eso su presidente, Miguel Ángel Leal, habla solo de «tregua» en sus movilizaciones. «Esto no un adiós sino un hasta luego», avisó.

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