La luz es el servicio básico que más ha subido desde el inicio de la crisis, al repuntar casi un 70%

Si se compara este dato con cualquiera del resto de indicadores que miden el estado de los presupuestos domésticos de una familia analizados periódicamente por el INE se comprueba cómo la luz es el gasto que más variación ha experimentado en términos porcentuales, aunque en dato absoluto se sitúa en estos momentos en los 73 euros por recibo para la tarifa regulada PVPC.

En esta misma última década, la subida de la renta salarial media por ciudadano apenas ha mejorado un 3%, fruto de la sangría que ha provocado factores como la elevada tasa de paro que llegó al 26% en 2013; la depreciación de salarios que ha afectado a muchas plantillas; o la precariedad que afecta al mercado de trabajo durante estos últimos años. Esta diferencia entre luz y sueldos ha sido uno de los vectores que la ministra de Transición Ecológica ha esgrimido en sus últimas intervenciones públicas para defender una política energética que mire más por las familias vulnerables. «Los precios han subido más que los salarios y las prestaciones sociales y eso no lo podemos permitir», llegó a afirmar a principios de septiembre.

La comparativa es aún más llamativa si se relaciona el incremento de la electricidad con respecto al que han sufrido otros servicios básicos, como el suministro de agua, con una subida acumulada del 47% en la última década. Son estadísticas muy alejadas de lo que han elevado su precio productos como el pan (un 25% en los últimos diez años), según el índice de precios del INE.

La subida de la luz de estos últimos años se explica fundamentalmente por los costes que asume la factura, y que en otros países se financian a través de lo Presupuestos, como ocurre con las primas a las energías renovables que se concedieron desde 2007 a 2010; la profundización en el déficit de tarifa (la diferencia entre lo que costaba generar electricidad y lo que se pagaba a las compañías del sector); o los costes extrapeninsulares (por llevar luz fuera de la Península Ibérica al mismo precio en toda España). Además de los impuestos -tanto directos como indirectos- que han ido incrementando esa cuantía mensual.

Sin embargo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, aprovechó ayer el simposio 'Cuatro décadas de los servicios públicos y las infraestructuras en España, 1978-2018', en el Congreso, para recordar que en los últimos 40 años el precio de la luz «ha crecido un 7% menos que la renta media de las familias», apuntando además que, a pesar de los repuntes que sufre la electricidad, su coste ha hecho menos mella en los ingresos de un hogar que otro tipo de facturas domésticas.

Esa estimación se ha elaborado «teniendo en cuenta todos los impuestos y los costes de política energética que soporta la factura», explicó Galán en un acto enmarcado en el 40 aniversario de la Constitución. El presidente de Iberdrola apuntó que, sin esas variables, el coste de la electricidad ha subido un 30% menos que la renta familiar, e incluso expuso dos ejemplos: la luz se habría incrementado un 45% menos que el pan y un 40% menos que el precio del metro cuadrado de la vivienda en una ciudad como Madrid.

En su intervención, instó al Gobierno a establecer «objetivos ambiciosos», con «marcos regulatorios claros e incentivadores» en las leyes que el Ejecutivo prepara para afrontar la transición energética. «No hay que apoyar a los que mantienen energías que más contaminan», en referencia a otras firmas del sector.

También ayer, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió a las empresas que tanto el Ejecutivo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante seis meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, o el gravamen 'verde' que se aplicaba sobre los hidrocarburos en la producción.

De hecho, el operador luso del mercado eléctrico (la organización pública ERSE) ha admitido que la escalada de precios que ha impactado en el sistema ibérico (Mibel) -donde España y Portugal comparten el 90% de la luz que se genera en ambos países- podría estar asociada a prácticas de manipulación. Así se lo ha indicado a la Asociación Europea de Reguladores (ACER) para su análisis.