Sacyr, ACS y Acciona se enfrentan a no contratar obra pública en diez años

El Estado pide el mismo castigo para otras cuatro constructoras por la presunta malversación de 26 millones para llevar el AVE a Murcia

RICARDO FERNÁNDEZ

murcia. El Estado quiere imponer un castigo ejemplar a las grandes constructoras por la posible participación de varias en un presunto fraude de más de 26 millones de euros aprovechándose de los trabajos de infraestructuras para llevar el tren de alta velocidad a Murcia. Las principales compañías señaladas son Sacyr, Dragados (ACS), Acciona y San José, a las que se suman Tecsa, Hormigones Martínez y Neopul. Para las siete pide una condena casi inédita: la imposibilidad de contratar con la Administración Pública durante diez años, además del pago de multas e indemnizaciones que superan los 83 millones de euros.

Para ello la Abogacía del Estado hace uso de la última reforma del Código Penal, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas para ser acusadas de un delito igual que las físicas, en este caso uno continuado de estafa. Su escrito lo extiende contra 46 presuntos implicados en una supuesta organización criminal montada, con la aparente voluntad de usar las reposiciones de infraestructuras hídricas afectadas por el trazado del AVE, para enriquecerse con esos fondos.

Entre los acusados, pendientes de la apertura de juicio oral, se encuentran antiguos altos responsables de ADIF -el ente público que gestiona las infraestructuras ferroviarias- y exdirectores de obra de los cuatro tramos de las obras del AVE entre Crevillente y Murcia. También figuran antiguos directivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO) y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, responsables de las empresas externas de asistencia y control de las obras, constructores, ingenieros y un buen número de familiares de los anteriores que se habrían prestado para ocultar y blanquear las cantidades presuntamente malversadas.

La Abogacía del Estado ve claves en este supuesto engranaje delictivo a quien era el jefe de Infraestructura de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Levante, José Luis Martínez Pombo; al antiguo ingeniero jefe del Juzgado de Aguas de Orihuela, el ingeniero José Manuel Fernández Pujante; al exsecretario de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, José Luis García Salcedo, y al propietario de la constructora murciana Obras Marimar, Juan Ortín García, quienes se habrían concertado para hinchar las facturas por reparaciones de acequias y azarbes o, directamente, cobrar por trabajos no hechos.

La oportunidad de malversar habría surgido, según el abogado del Estado, cuando se dejó en manos del Juzgado de Aguas y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri la reposición de las infraestructuras hídricas afectadas por la alta velocidad. ADIF se comprometió a abonar esos trabajos, siempre que se levantara un acta de recepción o reconocimiento final de esas obras y se presentara la correspondiente factura.

Ello habría dado pie a que varias personas con responsabilidades en esa labor se concertaran, presuntamente, para enriquecerse. Uno habría sido el entonces jefe de Infraestructuras de ADIF, José Luis Martínez Pombo, quien acabó acumulando un gran patrimonio inmobiliario y contando con más de 2,5 millones de euros en cuentas en Suiza.

Los delitos por los que la Abogacía del Estado acusa son malversación, fraude y falsedad continuados, blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal. Las peticiones de condena para los 46 acusados suman 547 años de prisión.