Ribera recuerda que las urbes limitarán el uso del diésel en tres años aunque se vendan hasta 2040

Así lo determina el proyecto de Ley de Cambio Climático, en cuyo articulado se establece la obligatoriedad de establecer esas áreas de circulación restringida «no más tarde de 2023». Ribera apuntó ayer esa «precisión» al referirse a la ausencia de cualquier término restrictivo en el texto de cara a que dentro de 20 años no pueda matricularse ningún coche de combustión.

En este sentido, la ministra indicó que el Gobierno ha querido transmitir «un mensaje sólido» de cómo pretenden contribuir a la Europa que quieren. «No podemos volver al modelo anterior», aseguró ayer tras el Consejo de Ministros. Y lanzó un mensaje de tranquilidad al sector de la automoción al que esperan «acompañar» en su transformación hacia un modelo de fabricación centrado en los vehículos eléctricos. La ley, según Ribera, «sienta las bases para una movilidad sostenible, permitiendo que el sector de la movilidad, clave en nuestra cadena de valor, pueda aprovechar las oportunidades de un mercado que demanda cada vez más opciones de movilidad segura y limpia», subrayó. E insistió en que el proyecto de ley no recoge una mención expresa a la prohibición porque quiere «recoger letra a letra el compromiso de la Unión Europea». De hecho, mostró su sorpresa por el hecho de que algunos grupos parlamentarios quieran ir «más deprisa» en este proceso. La ley inicia ahora su trámite en las Cortes y debería estar aprobada antes de que finalice este año.

La patronal de fabricantes (Anfac) considera que «la inexistencia de prohibiciones taxativas y la generación de un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa es positivo porque contribuye a la innovación en las diferentes tecnologías y permite generar una hoja de ruta clara». La patronal cree que esta norma es una iniciativa «positiva» y «necesaria» en el marco del cumplimiento de los objetivos de descarbonización del parque en 2050. «La ley era muy necesaria, pues configura un marco nacional a nivel normativo y fija los objetivos de largo plazo. A su vez, es el punto de partida para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades», ha subrayado el director general de Anfac, José López-Tafall.

Por su parte, las organizaciones del sector energético -como Unef o Appa, entre otras- han valorado el proyecto con el que se establece por ley el objetivo de alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 con cifras concretas: para entonces, el sistema eléctrico tiene que ser 100% renovable, con metas intermedias fijadas en la próxima década.