La reforma del sistema de financiación queda aparcada hasta septiembre

Por un lado, las comunidades gobernadas por el PSOE -siete- dejaron claro que la iniciativa debe partir del Ejecutivo después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, calificase de «imposible» un nuevos sistema «sin la coincidencia» de los socialistas. «O lo sacamos entre todos o habrá que esperar a otras circunstancias políticas», advirtió hoy. Y es que la reforma de la financiación tiene que ser tramitada como ley orgánica, lo que implica que el Ejecutivo debe buscar aliados en el Parlamento.

Sin embargo, más allá de esa declaración inicial, lo cierto es que las prioridades de estas regiones socialistas de cara a un nuevo reparto de recursos no tienen nada que ver. Por ejemplo, mientras que Baleares defiende el principio de ordinalidad -las comunidades que más aportan al sistema sean las que más reciben a pesar de mecanismos de redistribución- al ser una de las más perjudicadas junto a Madrid o Cataluña con balanzas fiscales negativas, otras como Extremadura son de las más beneficiadas. En cualquier caso, Montoro explicó este jueves que las comunidades contarán en 2018 con 4.020 millones más de financiación que en 2017 gracias a la mejora de los ingresos.

Por otra parte, Hacienda logró sacar adelante este jueves el objetivo de déficit autonómico homogéneo del 0,4% para 2018; el 0,1% para 2019 y el 0% en 2020 a pesar del rechazo en bloque de todas las comunidades del PSOE, incluida Extremadura que hace tres semanas se abstuvo, además de Cataluña y Cantabria. Todas ellas pedían o un mayor margen o establecer objetivos asimétricos en función de su situación. Así, Montoro sólo contó con el respaldo de las cinco comunidades del PP más Canarias. Un apoyo suficiente porque Hacienda se adjudica la mitad de los votos.

Precisamente, hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calificó como «adecuado» el objetivo del 0,4%. Este límite supone una décima más que el planteado inicialmente por el Ministerio de Hacienda. La Autoridad Fiscal cree que es «alcanzable» por el subsector, aunque exigirá «un esfuerzo» a Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia.