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Más presión para que la ley defina cuál es el reparto de los gastos

Los partidos, que negocian la reforma de la norma hipotecaria, esperan el fallo del alto tribunal para consensuar quién paga cada factura

J. M. CAMARERO

MADRID.

Jueves, 1 de enero 1970

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A la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados también le ha pillado por sorpresa la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a pagar el impuesto de las hipotecas a la banca; y, sobre todo, su posterior «giro» jurisprudencial que ha dejado en entredicho esa postura para recapacitarla y determinar cuál es el criterio que va a definir el próximo día 5 de noviembre. Los diputados que la integran también están más que pendientes del criterio que establezca el alto tribunal. Porque el laberinto jurídico actual llega justo cuando estaban ultimando la redacción de la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario; una norma con la que España debe adaptar su legislación hipotecaria a los mandatos europeos, mucho más inclinados hacia la protección del consumidor de lo que venía estableciendo la normativa española hasta ahora.

Aunque las miradas de las organizaciones de consumidores, de la banca y de las esferas económicas se ciernen sobre el Pleno de la Sala Tercera del Supremo, al mismo tiempo miran a las Cortes donde se tramita la ley hipotecaria. Los diputados consultados por este diario tienen claro que de la redacción final de la norma tiene que salir un claro reparto de qué gasto debe asumir el banco y el cliente a la hora de escriturar un préstamo inmobiliario. Pero para definirlo esperarán a que el Supremo se pronuncie después del Puente de Todos los Santos. La presión se acentúa con el paso de los días porque los grupos parlamentarios no quieren aparecer como férreos defensores de los intereses de las entidades, pero tampoco quieren caer en la demagogia cuyos efectos económicos podrían ser perversos si afectan al funcionamiento del mercado hipotecario español

Evitar otra indefinición

La norma actual se limita a exigir «transparencia» al establecer las condiciones de forma muy genérica

Los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos optan por que esos gastos iniciales (registro, notaría, impuestos, etc.) sean repartidos entre bancos y consumidores. Sin embargo, Podemos aspira a que sean las entidades las que asuman esas cuantías, tal y como dictaminan la mayor parte de los fallos de las demandas que llegan a los tribunales.

La voluntad del PSOE, el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, es la de «sumar a todos», tal y como apuntan desde el PSOE, a la hora de definir el texto que salga de la ponencia de la comisión. La actual redacción de la ley se limita a indicar que el reparto de los gastos debe reflejarse de forma transparente, pero no precisa qué partida se deriva a cada una de las partes en negociación. Esa indefinición es la que tantos problemas ha provocado en los últimos años, con la que el Congreso quiere acabar. La incertidumbre es tal que incluso no se descarta aclarar esta cuestión mediante el desarrollo reglamentario de la ley, y no incluirla en el articulado de la norma que finalmente se alumbre.

Desde Ciudadanos se considera que «es una cuestión básica para garantizar la seguridad jurídica y evitar situaciones futuras como la que estamos viviendo en este momento». Por su parte, desde Unidos Podemos alertan de otra cuestión que podría activar decenas de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente paralizados a la espera de resolverse una consulta que el Supremo planteó en Estrasburgo sobre el vencimiento anticipado de las hipotecas (la posibilidad de ejecutarlas por impago).

El TJUE ha establecido criterios para considerar abusivas estas cláusulas y aclarar que su nulidad no depende de si el banco recurre a ella, sino por su mera existencia. Sin embargo, el proyecto de ley que se negocia es tan «confuso», indican en el grupo parlamentario, que podría dar lugar a la ejecución de esos contratos independientemente del criterio que aclare Europa.

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