Podemos exige desbloquear en el Congreso la ley de Ingreso Mínimo Vital

Se trata del proyecto de ley derivado del decreto que hace un año puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital. Su tramitación parlamentaria no ha llegado a arrancar porque desde septiembre de 2020 lleva 33 prórrogas del plazo de enmiendas sin que el PSOE la haya desbloqueado.

Unidas Podemos sostiene que el Ingreso Mínimo Vital, con su actual diseño del decreto ley de hace un año, presenta un «mal funcionamiento» porque sólo está llegando a una cuarta parte de las familias destinatarias estimadas inicialmente.

Aunque los plazos se seguían prorrogando semana tras semana, el grupo parlamentario de Unidas Podemos llegó a presentar en febrero sus propias enmiendas a la ley del Gobierno de coalición, pero la tramitación se han mantenido bloqueada. Desde la formación morada han responsabilizado de ello al Ministerio de Inclusión Social de José Luis Escrivá, de la cuota socialista del Gobierno.

El propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, calificó en marzo de «inaceptable» que el Ingreso Mínimo Vital funcione «mal» al primar en su despliegue, en contra del criterio de su espacio político, «la burocracia sobre los derechos de la gente más vulnerable».

No era la primera vez que desde Unidas Podemos apelaban a la necesidad de mejoras en esta prestación, dado que el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias planteó en varias ocasiones que existían problemas en su puesta en marcha que debían solventarse. En especial demandó mayor agilidad para llegar a más familias afectadas por la crisis del Covid-19.

«Durante meses, y ante la situación de riesgo de exclusión y pobreza de cientos de miles de familias, Unidas Podemos ha intentado negociar discretamente este desbloqueo con el socio de coalición --relatan en un comunicado--. Lamentablemente, estos intentos de negociación no han tenido ningún resultado y, desde la máxima lealtad y el convencimiento de que se llegarán a acuerdos positivos, el grupo considera que ha llegado el momento de trasladar la situación a la opinión pública».

En ese contexto, el grupo parlamentario de los 'morados' pedirá este martes en la Mesa del Congreso de los Diputados «cerrar definitivamente el plazo de enmiendas parciales» para activar la tramitación del proyecto de ley. La posición de Unidas Podemos puede dejar al PSOE en minoría en el órgano de gobierno de la Cámara baja.

La formación avanzó en febrero el registro de una docena de enmiendas con vistas a mejorar la futura normativa de «enorme importancia», por ser el Ingreso Mínimo Vital «la última red de seguridad para las personas más vulnerables».

De esta forma, los cambios que impulsa Unidas Podemos recogen medidas para incluir entre los beneficiarios a aquellas personas que entran en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio, así como para que no computen para el acceso al IMV las ayudas por situación de dependencia ni tampoco, cuando no se estén cobrando, las prestaciones ni subsidios por desempleo.

Del mismo modo, proponen extender las ayudas de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima a 31 de diciembre de 2020; que se reduzca el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años; e introduce en el Proyecto de Ley excepciones para colectivos con mayor probabilidad de exclusión social.

Para evitar la exclusión de colectivos vulnerables que puedan estar en situación irregular, Unidas Podemos pide, además, eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, personas menores que viven en hogares en situación irregular, víctimas de trata o víctimas de violencia de género.

En la misma línea, propone para ser considerado integrante de una unidad de convivencia bastará con acreditar la residencia efectiva y continuada en el caso de estos colectivos.

Otra enmienda demanda que se asegura el acceso al IMV de las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad quedando desamparados