Pacto de Toledo y penalizaciones por jubilación anticipada: ¿a quiénes afecta?

Entre las recomendaciones acordadas destaca que los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.

Así, el pacto de Toledo propone aproximar «tanto como sea posible» la edad de jubilación efectiva a la edad legal. Propone fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).

También se plantea analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización. Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos «inequitativos» de estas penalizaciones.

Jubilarse antes de la edad legal tendrá una penalización mayor a la que ya existe en la actualidad. Así lo avanzó recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El gran reto que tiene es alargar la edad de jubilación efectiva, en la actualidad 64,6 años, y aproximarla a la edad legal (65 años y diez meses), con el objetivo de que no se dispare el gasto en pensiones, ya que el sistema tiene un déficit que este año superará los 45.000 millones a consecuencia de la pandemia.

Así, más del 40% de los nuevos jubilados abandona el mercado laborar antes de tiempo, es decir, antes de cumplir los 65 años, la edad legal para los que tienen largas carreras de cotización. Sin embargo, no a todos ellos se les penaliza, pues hay casos que están justificados, como son aquellas altas que proceden de profesiones cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o también las personas con discapacidad. A ellos no se les aplica ningún coeficiente reductor e incluso pueden gozar de algún tipo de bonificación, al igual que los casos de jubilaciones con contrato relevo, es decir, cuando se sustituye a un trabajador por otro, siempre y cuando cumplan unos requisitos. En España, más del 80% de las jubilaciones anticipadas proceden del desempleo.

Aún así, casi uno de cada cuatro nuevos pensionistas ha sufrido este año un recorte en su prestación a causa de adelantar la edad de retiro, recorte que previsiblemente será mayor cuando se ponga en marcha la medida anunciada por Escrivá, que pretende que por cada año de adelanto se reduzca la pensión un 8% real

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a determinar en tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados o más.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización.