Escrivá analizará incentivar a los funcionarios que se jubilen más allá de los 60

Así al menos lo indicó ayer CSIF, el sindicato mayoritario del colectivo de empleados públicos, después de la reunión que mantuvieron con responsables del departamento liderado por José Luis Escrivá. Desde el ministerio sostienen que «analizarán», como hacen siempre, todas y cada una de las medidas que les presenten. La propuesta realizada por este sindicato es incentivar con un 5% anual acumulable al personal de clases pasivas que decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años.

Cabe recordar que los funcionarios que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente a partir de los 60 siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, como haber cotizado durante 30 años, haber prestado un periodo mínimo de 15 años de servicios al Estado y, además, haber trabajado durante los últimos cinco años anteriores a la jubilación para la Administración Pública. Aunque deben tener 35 años cotizados para que su pensión sea el 100%.

Las clases pasivas constituyen un régimen que goza de una serie de privilegios pero que está en vías de extinción, puesto que ya desde el año 2011 está cerrado. Sin embargo, todavía cotizan en él más de 800.000 personas –según estimaciones de CSIF–, que son profesores, militares de carrera, jueces, fiscales, funcionarios de la Administración Pública, personal transferido a las CC AA e incluso presidentes, vicepresidentes, ministros y otros cargos políticos, a los que no les aplican coeficientes reductores con 35 años de trabajo, como sí les sucede al resto de asalariados y autónomos que se retiran antes de la edad ordinaria por muchos años cotizados que tengan.

El derecho que mantiene este colectivo desde hace décadas no fue modificado en el acuerdo alcanzado por la comisión del Pacto de Toledo, pese a que había reticencias a su blindaje, ya que Europa mira con lupa este tipo de regímenes especiales. Lo que sí hizo el Gobierno unos meses antes, en pleno confinamiento y vía real decreto, es traspasar la gestión de este régimen a la Seguridad Social, ya que hasta entonces lo llevaban desde Hacienda.

Este cambio de competencias provocó cierto revuelo e incertidumbre entre los funcionarios, que temían perder los derechos adquiridos y sufrir algún tipo de recorte en su pensión. Esto derivó en una oleada de prejubilaciones voluntarias en 2020, más de 10.500 personas, lo que supone un fuerte incremento de casi un 22% respecto a la media de 2018 y 2019, según datos de CSIF.

Este sindicato sostiene que si el 50% de esos funcionarios hubieran prorrogado su vida laboral se podría haber generado un ahorro para el Estado de 49,5 millones de euros. «Esta propuesta, además de ser viable puesto que no genera gasto, permitiría incrementar hasta un 25% la cuantía de la pensión de los funcionarios pertenecientes a clases pasivas y con ello corregir la desigualdad económica con respecto al Régimen General», apuntó CSIF.

El régimen de clases pasivas incluye además a cerca de 680.000 empleados públicos ya pensionistas, que suponen un gasto mensual a la Seguridad Social de 1.245 millones de euros.

Otra de las medidas propuestas por el sindicato y que Escrivá analizará -lo que no significa que vaya a ponerse en marcha- es la de reconocer la jubilación anticipada para el personal sanitario por la penosidad de sus condiciones de trabajo, estableciendo para ello coeficientes reductores para rebajar la edad, como se ha hecho con los policías locales.

CSIF reclama este anticipo en la edad de jubilación teniendo en cuenta las características profesionales de determinados colectivos que realizan trabajos de especial penosidad, con efectos sobre la salud, la exposición a riesgos biológicos o químicos, asociados al lugar de trabajo, guardias, trabajo nocturno, etc.