La obra pública cae más de un 20% en Málaga, que está a la cola de Andalucía en inversión por habitante
La Asociación de Constructores y Promotores denuncia que la provincia está en cifras «mínimas» de licitación, lo que le resta competitividad y pone en peligro la recuperación del sector
Málaga sufrió una nueva caída de la inversión en obra pública en 2019 después de la moderada recuperación registrada en 2017 y 2018. La suma ... de todos los contratos de obras, conservación, mantenimiento y otros servicios relacionados con la construcción licitados por la Administración alcanzó los 257 millones de euros, un 21% por debajo de la cifra alcanzada en 2018 y un 38% por debajo de la de 2017.
«Seguimos en cifras de licitación muy bajas con respecto a las que entendemos adecuadas para una provincia como Málaga, que cuenta con una población de 1.700.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda más poblada de Andalucía y la sexta de España», denunciaba esta mañana en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Juan M. Rosillo. En términos de inversión por habitante, Málaga está a la cola de Andalucía con sólo 159 euros (la media regional es de 200 euros per cápita). «Estamos en niveles mínimos e inaceptables», apuntaba, señalando que la falta de inversiones en infraestructuras está «restando competitividad» a la provincia, amén de dificultando la supervivencia de las constructoras locales. «No todas pueden refugiarse en la edificación residencial, que es cierto que ha alcanzado un volumen interesante y está dando bastante trabajo en la Costa del Sol, pero exige un tamaño y una especialización que muchas pymes locales no tienen», explicaba.
Analizando la evolución de la inversión en obra pública, se observa una caída continuada desde 2009, cuando se alcanzó un pico de 1.477 millones de euros. El mínimo se marcó en 2015, con apenas 127 millones, y 2017 supuso cierta recuperación con 354 millones; sin embargo, desde entonces la tendencia ha sido de nuevo a la baja. La ACP estima que el «mínimo razonable» para una provincia como Málaga sería de 500 millones de euros anuales destinados a la creación, conservación y mejora de infraestructuras, lo cual equivaldría a un gasto per cápita de 250 euros. Y no es porque no haya obras urgentes por hacer: el tercer hospital, los Baños del Carmen, el acceso norte al aeropuerto, la transformación del cauce del Guadalmedina o el saneamiento integral son algunas de las actuaciones pendientes que recordaba el presidente de la ACP.
La ACP se enfrenta al Ayuntamiento en el juzgado por «cláusulas abusivas» en el pliego de la pasarela sobre el Guadalhorce
La patronal de la construcción malagueña se ha enfrentado en más de 25 ocasiones el año pasado a distintas administraciones por cláusulas que en su opinión restringían la competencia y solicitaban a los licitadores mayores requisitos de los debidos o exigían costes que nada tenían que ver con el objeto del contrato. «En la mayoría de los casos las Administraciones son receptivas a nuestras quejas y lo corrigen en vía administrativa, pero a veces, amparándose en la ausencia de interpretaciones claras de la nueva Ley de Contratos con el Sector Público, no cambian de criterio y los licitadores tenemos que asumirlas», explicaba el presidente de la ACP, Juan M. Rosillo.
En 13 de esas 25 ocasiones en las que planteó alegaciones, la asociación llegó al siguiente paso de poner recursos administrativos, e incluso llegando a interponer ante el juzgado un recurso contencioso administrativo en una ocasión, con ocasión de la licitación de la pasarela del Guadalhorce, licitada el año pasado por el Ayuntamiento de Málaga. «Vimos claro que el pliego de condiciones limitaba la competencia por marcaba unas exigencias respecto a las características de la empresa que eran innecesarias y que muy pocas compañías podían cumplir. El juzgado nos ha dado la razón parcialmente, pero la obra ya está ejecutada», explicaba la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, que espera que el Ayuntamiento rectifique cara a futuras licitaciones.
Desplome del gasto de los ayuntamientos
El mayor volumen de licitación en 2019 en la provincia correspondió a la administración local con 120,6 millones de euros, cifra que marca una drástica caída del 41% con respecto a lo invertido en el año 2018. En segundo lugar, por volumen licitado, se sitúa la administración autonómica que, con 95,4 millones de euros, crece un 8,4% en cómputo interanual. En último lugar se sitúa la inversión correspondiente al Estado, que, con 41 millones de euros es la que ha experimentado un mayor crecimiento respecto al año precedente, del 16,3%, pero hay que tener en cuenta que viene «de un volumen muy pequeño», según recordaba Rosillo.
Rosillo comentaba el cambio de tendencia que se ha producido respecto a los años electorales, que tradicionalmente contaban con mayor inversión en obra pública, y que ahora son los de menor inversión. «Además, una vez acabadas las elecciones, los presupuestos tardan mucho en llegar, y con ellos las inversiones«, criticaba el presidente de la ACP.
Principales obras
La licitación de obra supone un 88% de la inversión total antes mencionada, en concreto la licitación de obra pública en la provincia de Málaga durante el año 2019, se situó en 226,64 millones de euros, frente a los 292,19 millones en licitación en obras del año 2018, lo que supone un descenso interanual del 22,4%. Las Administraciones que destinaron una inversión superior a los 20 millones de euros en la provincia durante el año 2019 fueron la Consejería de Fomento, que licitó 17 obras por importe total de casi 46 millones de euros; Aena, que licitó 20 obras por importe total de 27 millones; y el Ayuntamiento de Málaga (incluyendo licitaciones directas del Consistorio, así como Emasa, SMASSA, Gerencia de Urbanismo, Instituto Municipal de la Vivienda y Sociedad Municipal de Vivienda), que licitó 65 obras por un importe total de 27 millones. En sólo 25 obras, se concentró el 57% del total de la inversión en obra.
Respecto a las adjudicaciones, en el caso de los contratos licitados por la Administración Estatal sólo el 6,3% acaban en manos de empresas locales, mientras que el 64% se otorgan a compañías de ámbito nacional. En el caso de las administraciones locales, cerca de la mitad de los importes adjudicados sí se queda en manos de empresas malagueñas.
Bajas temerarias
La ACP ha denunciado una vez más la cada vez más extendida práctica de las Administraciones de exigir rebajas «más allá de lo razonable» en el coste de las infraestructuras. En 2019 la baja media de las adjudicaciones superó el 20%, realizándose mayores bajas en las obras locales, cercanas al 22%, mientras que en las obras regionales y estatales la baja media se situó en el entorno del 19%. «Priman los criterios económicos hasta el límite, adjudicando en muchas ocasiones a precios que no son reales y que ocasionan problemas y encarecimientos posteriores. Lo que a priori puede parecer barato, termina saliendo muy caro», afirmaba Rosillo.
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