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Varios ciudadanos esperan su turno en una sucursal bancaria. LUIS áNGEL GóMEZ
Las moratorias hipotecarias quedarán solo en manos de la banca a partir de ahora

Las moratorias hipotecarias quedarán solo en manos de la banca a partir de ahora

El Ejecutivo estudia prorrogar medidas como el bono social, los cortes de suministro básico o las relativas a la vivienda hasta finales de enero

JOSÉ M. CAMARERO

Domingo, 27 de septiembre 2020, 00:02

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madrid. Las familias que pasen por estrecheces económicas en el duro otoño que está por llegar tendrán que negociar con sus bancos si quieren aplazar algunas cuotas de sus hipotecas para hacer frente a la crisis. A partir del próximo 1 de octubre, estos hogares ya no contarán con la protección de la moratoria legal impulsada por el Gobierno en pleno estado de alarma, y cuyo plazo legal está a punto de expirar.

Seguirá habiendo aplazamientos para evitar los impagos, pero la decisión final quedará en manos de cada entidad. El Ejecutivo no se plantea prorrogar el decreto que permitía estos aplazamientos de las cuotas por tres meses, una herramienta que ya tuvo que ser ampliada desde julio hasta septiembre por los rebrotes del coronavirus y las frágiles expectativas económicas. Ahora, con la segunda ola de la pandemia en marcha, será una de las medidas del 'escudo social' que decaerán, según apuntan fuentes gubernamentales.

En estos seis meses de crisis, se habían concedido unas 226.000 moratorias hipotecarias a familias en apuros bajo las premisas de la norma del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño. Más otras 392.000 relativas a todo tipo de préstamos, como los de consumo. En total, unas 618.000. Por su parte, la banca, que también optó desde abril por aplicar sus propias medidas para facilitar el pago de los créditos en paralelo al decreto del Ministerio de Economía, ha aprobado otras 666.000.

Economía alega que las autoridades europeas ya no ofrecen «marco legal» para ampliar esta medida de protección

Este proceso permite a las familias acceder al aplazamiento durante un trimestre de las cuotas de sus préstamos o créditos, en el caso de las acogidas al decreto. La banca (AEB y CECA) amplió ese plazo hasta doce meses (medio año para los créditos personales), aunque con unos criterios diferentes a los definidos por el Ejecutivo. De hecho, los requisitos legales para acceder a las moratorias impulsadas por el Consejo de Ministros exigen hasta cuatro condiciones a la vez, lo que provocó que inicialmente hasta el 80% de las peticiones fueran rechazadas. Economía flexibilizó ese criterio y el grado de aprobación de las solicitudes se encuentra en el 90%.

La aplicación de esta medida ha logrado mantener casi a raya la morosidad en la banca: un 4,7% de impagos sobre el conjunto de los créditos en julio, el mismo nivel que en marzo, según el Banco de España. La institución alertaba esta misma semana de que si no se introducen nuevas medidas, los impagos podrían dispararse una vez decaigan las ya aprobadas.

Pero el Ejecutivo alega que «no hay un marco» legal que ampare a partir del miércoles la extensión de esta medida. En realidad se refiere a las consignas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA): este organismo comenzará a exigir que cualquier nueva moratoria tenga que ser provisionada como antes del coronavirus, lo que implica cambios contables y un impacto para los resultados. Los nuevos casos de familias con problemas pasarán a ser gestionados con criterios del banco.

Cuando un cliente acuda a su banco para plantearle este problema «será cada entidad la que va a tomar su propia decisión, en función de su política», apuntan en el sector. «Esa facilidad en las condiciones de pago tendrá en cuenta que la morosidad va a subir, las provisiones a realizar...». Seguirán concediendo aplazamientos, pero más restrictivos.

Hasta el 31 de enero de 2021

Aunque las moratorias quedarán previsiblemente excluidas de las medidas de protección, no ocurrirá lo mismo con el resto de actuaciones del 'escudo social' que impulsó el Ejecutivo en plena pandemia. El Consejo de Ministros tiene previsto ampliar el plazo para impedir los cortes de suministros básicos (luz, agua, gas) de familias vulnerables, así como la extensión del bono social (la ayuda que rebaja una parte de la factura eléctrica), la prohibición de los desahucios o las medidas para mitigar el coste del alquiler.

Aunque los distintos ministerios implicados están trabajando este fin de semana en la concreción de todas esas medidas, la fecha con la que ahora cuentan es la del 31 de enero de 2021. Coincidiendo así con la previsible ampliación de los ERTE, también a la espera del acuerdo.

El decreto que el Gobierno apruebe el martes incluirá novedades. Fuentes consultadas por este diario anticipan que la prohibición de los cortes de suministro también incluirán las líneas básicas de telefonía de hogares en apuros.

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