Montoro abre la puerta a una quita parcial de la deuda autonómica

Fuentes del departamento señalaron que la medida podría formar parte de una reestructuración más amplia que afectara también al resto de comunidades mediante, por ejemplo, un alargamiento de los vencimientos o menores intereses. En cualquier caso, serviría para responder a una demanda de gran parte de las autonomías que más dinero han recibido de estos instrumentos extraordinarios como Valencia, Baleares o Cataluña.

En concreto, las comunidades tienen una deuda con el Estado de 159.526 millones provenientes de los mecanismos de liquidez extraordinarios como el FLA, según datos del Banco de España en el tercer trimestre de 2017. Esto supone que un 56% de la deuda autonómica está en manos del Estado y es el principal acreedor de gran parte de las regiones. Por eso, uno de los puntos determinantes a la hora de negociar un nuevo sistema de financiación es qué hacer con ese pasivo. Hasta ahora, el Gobierno se había mantenido abierto a todas las propuestas, pero ayer Montoro precisó que lo importante es saber «qué hacer» con la deuda, «particularmente con la contraída con el Estado». Es decir, la relativa al FLA o el pago a proveedores.

Esta posible reestructuración de la deuda autonómica permitiría evitar el agravio comparativo respecto a las comunidades más cumplidoras como Madrid, que apenas han necesitado acudir a estos fondos y que siempre han criticado una posible condonación total. Al mismo tiempo serviría para atraerse a barones socialistas que gobiernan en comunidades como Valencia y Baleares, que defienden ese alivio de la deuda por la insuficiencia del modelo actual.

Otra cuestión es cómo se estimaría qué parte de la deuda forma parte de la infrafinanciación. Una de las posibilidades es utilizar como referencia las denominadas balanzas fiscales que reflejan cómo Valencia, Murcia, Baleares, Madrid o Cataluña aportan al sistema de financiación mucho más de lo que reciben.

En cualquier caso, Montoro recordó que el FLA y el resto de mecanismos de financiación extraordinarios se pusieron en marcha en 2012 para dar liquidez a las regiones que tenían los mercados cerrados. Desde entonces han inyectado 251.000 millones a las comunidades para financiar los servicios públicos y pagar las facturas a los proveedores. Sin embargo, el titular de Hacienda dejó claro que estos fondos deben tener una fecha de caducidad. En este sentido, resaltó que estos instrumentos deberán «reducirse hasta desaparecer con el nuevo sistema de financiación». De momento, el ministro anunció la aprobación de otros 12.151 millones del FLA para repartir en el primer trimestre de 2018. Las principales beneficiadas volverán a ser Cataluña (3.477 millones), seguida de Andalucía (2.512 millones) y la Comunidad Valenciana (2.371 millones).

Asimismo, el ministro insistió en que la mejora de la economía permitió un aumento de la recaudación tributaria del 6,3% que se mantendrá en los próximos años. Algo que ha hecho que las comunidades puedan contar en 2018 con 104.000 millones de ingresos, lo que supone 4.000 millones más que el año anterior. Una cantidad que debería ser actualizada en los Presupuestos de 2018, pero que el ministro adelantó ayer que podría aprobarse en un real decreto para poder transferir esa cantidad las comunidades si no hay cuentas públicas.

El problema de la elevada deuda también afecta al Estado, que ayer se conoció que cerró 2017 con un pasivo récord de 996.454 millones, un 4,8% más.