El Modelo 720 podría paralizarse por la denuncia de Bruselas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. :: efe/
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. :: efe

La Comisión Europea pidió a España en 2017 que modificara sus normas sobre activos en el extranjero, pero aún no se ha movido nada

SALVADOR ARROYO BRUSELAS.

Una denuncia expresa del Ejecutivo Comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o la presentación por parte de un juez español de una cuestión prejudicial ante esa misma instancia son las dos opciones más posibles que llevarían a Hacienda a paralizar los procedimientos sancionadores o de comprobación vinculados al Modelo 720. Una vez que el TJUE tome cartas en el asunto, España tiene que echar el freno. Y el proceso administrativo reglado que rige en la Comisión Europea apunta a que la denuncia debería estar al caer.

Pero Bruselas no avanza plazos. Y no hay que perder de vista que hay elecciones inminentes y que el mandato del equipo del luxemburgués Jean-Claude Juncker expira el próximo 31 de octubre. Lo único constatable hoy es el enorme retraso que acumula el procedimiento. La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión comunicó por carta que se había incoado este procedimiento por primera vez el 23 de noviembre de 2015. Se le dio entonces dos meses a España para alegar. Pero no se consiguió frenar la siguiente fase: el dictamen motivado. Este se conoció el 15 de febrero de 2017. La Comisión Europea requería directamente a España en un informe de más de veinte páginas a modificar sus normas sobre activos en el extranjero porque las multas que contemplan no solo son desproporcionadas sino que entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE.

Un caso abierto

El TJUE puede penalizar a España al considerar que se estarían vulnerando hasta cinco derechos«Las sanciones pueden disuadir a las empresas y particulares a invertir a través del mercado único»

«Como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en una situación puramente nacional, las reglas pueden disuadir a las empresas y particulares de invertir o moverse a través de las fronteras en el mercado único», se argumentaba. Desde entonces, poco o nada parece haberse movido. Aunque, se insiste, el desenlace reglado de todo procedimiento de resultado insatisfactorio para la CE, acaba terminando en el TJUE. Y más aun si el Estado aludido persiste en el incumplimiento. Si ha habido avances estos aún no han tenido un reflejo formal en los canales de comunicación que utiliza la administración comunitaria.

El principal es el registro de procedimientos de infracción, que realiza el seguimiento puntual de cada caso abierto con los distintos estados miembros. Sobre el Modelo 720 de España, se hace referencia a una comunicación formal y a dos más a las que se identifica como «complementarias» (la ultima, el mencionado dictamen motivado) datadas en los años 2011, 2013 y 2017. En esta plataforma digital se recoge como última anotación la «obligación de nombrar a un representante fiscal en España».