El Banco de España recuerda a los hipotecados con dificultades las soluciones «temporales» para afrontar el préstamo

El Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, reforzó los recursos a disposición de las familias en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia del aumento de tipos de interés, ampliando el Código de Buenas Prácticas aprobado en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 marzo y creando uno nuevo de carácter temporal, vigente hasta diciembre de 2024. ¿Objetivo? Proteger a los hogares que, sin ser vulnerables, están en riesgo de serlo por la evolución económica del país.

La medida se toma, además de por las previsiones económicas, a partir de unos datos que revelan cómo los topes de rentas impiden acogerse a ella a muchos hipotecados: durante 2022, la deuda pendiente vinculada a solicitudes al Código de Buenas prácticas para deudores hipotecarios en dificultades previsto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 marzo ascendió a 589 millones de euros (correspondiente a cerca de 5.800 operaciones), mientras que, hasta julio de 2023, el número de solicitudes recibidas entre ambos códigos de buenas prácticas ascendió a 42.800 por un importe agregado de 5.367 millones de euros, de los que el 46 %, corresponden al nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, previsto en el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre.

«Se aprecia, por tanto, un notable impulso en el recurso a esta facilidad por parte de los deudores hipotecarios, tanto por la ampliación del perímetro de hogares vulnerables –el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en dificultades previsto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 marzo, tiene en estos primeros siete meses de 2023 más solicitudes que las que tuvo en todo 2022– como por el nuevo acceso que para los hogares en riesgo de vulnerabilidad ofrece por vez primera el Código de Buenas Prácticas de medidas urgentes para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, previsto en el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre».

No obstante, y así se recoge en las consideraciones recogidas en el BOE, la tasa de denegación de solicitudes del Código de Buenas Prácticas de deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad se sitúa en torno al 40%, siendo el requisito de renta una de las principales causas de denegación. Por eso, si bien el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022 fijó los umbrales en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de catorce pagas, posteriormente se observó que el elevado número de negativas, junto con la previsión del incremento de la presión financiera por el mantenimiento de tipos de interés elevados, justificó un ajuste en los umbrales de renta.

Así pues, tal y como recuerda el Banco de España se flexibiliza el requisito relacionado con los ingresos de los miembros de la unidad familiar y lo eleva hasta un máximo de 4,5 veces el IPREM anual de catorce pagas (37.800 euros para 2024). Hasta 2023, los ingresos no podían superar a las 3,5 veces.

Este límite podrá ser de 5,5 veces el IPREM anual de catorce pagas (46.200 euros para 2024) si en la unidad familiar alguno de sus miembros tiene declarada discapacidad superior al 33 %, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Hasta ahora, este límite era de 4,5 veces.

Y podrá ser de 6,5 veces el IPREM anual de catorce pagas (54.600 euros para 2024) si el deudor hipotecario es una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %, o una persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente a la persona, o a su cuidador, para realizar una actividad laboral. El límite anterior era de 5,5 veces.

Asimismo, en caso de cumplir alguno de los requisitos y poder acogerse a la novación, se podrá elegir entre una primera opción: ampliar el plazo de amortización hasta un máximo de 7 años (sin extender su duración total por encima de 40 años) o fijar la cuota hipotecaria por un periodo de 12 meses, como máximo, a la cuota existente a 1 de junio de 2022. Y una segunda opción, que sería cambiar de tipo variable a fijo.

En cualquier caso, desde el Banco de España advierten de que los clientes bancarios que no puedan acogerse al Código de buenas prácticas tienen la opción de beneficiarse de medidas de ayuda como la exención durante 2024 del pago de comisiones en los casos de amortizaciones anticipadas de la hipoteca y el cambio de tipo de variable a fijo o a mixto con un primer tramo de al menos 3 años.