Malestar en el sector financiero por el riesgo de injerencia política tras la consulta pública de la opa

«A mí una opa hostil me puede gustar más o menos, pero si ya se ha conseguido una garantía como es la que otorga el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) y de la CNMC, la consulta pública era innecesaria por completo». Son las palabras de un alto directivo bancario que reflejan el malestar generalizado que ha desatado dentro del sector financiero la decisión del Gobierno de preguntar a la ciudadanía sobre los riesgos de una posible unión entre BBVA y Banco Sabadell. Un formulario inédito que no contempla la ley de competencia que, por el contrario, sí permite al Ejecutivo intervenir en operaciones corporativas por motivos de «interés general».

La sorpresa es palpable en el mercado, también por el peligro de que los inversores internacionales perciban esta iniciativa como una «injerencia política» en el mundo de la empresa privada. El colectivo viene además de recibir con cierto recelo otro tipo de decisiones desde Moncloa hacia la banca, como la llegada del impuesto, que primero fue temporal y después se convirtió en permanente, pasando por ciertos cambios legislativos que aún generan dudas en torno al pago del gravamen.

Fuentes del sector indican que la consulta pública de Moncloa ha supuesto un antes y un después en el desarrollo normal de la operación. No porque implique un obstáculo a la misma –o al revés–, sino precisamente porque el movimiento ha generado una incertidumbre que «era completamente prescindible». En realidad, no se considera que la encuesta vaya a suponer un revés definitivo para la decisión final que, llegado el momento, vayan a tomar los accionistas de la vallesana, pero la sensación es que se ha generado un ruido extra que evidencia el fuerte peso que la política ha cogido en este último tramo de la operación.

Tampoco es casual que Pedro Sánchez anunciase la puesta en marcha de la consulta pública durante la última Reunión Anual del Cercle d'Economia, delante de toda la plana mayor de la empresa catalana. Ayer mismo, patronales y organizaciones económicas de la comunidad, como Foment del Treball, Pimec, Cecot, la Fira de Barcelona –participada por el Ayuntamiento y la Generalitat–, Femcat, RACC, el Colegio de Economistas, Barcelona Global y las trece cámaras de comercio, enviaron una carta conjunta al presidente del Gobierno en la que le piden que paralice la compra del Sabadell por parte de BBVA. «Vele por la preservación de un modelo bancario más próximo, competitivo y arraigado en el territorio» y «tome una decisión determinante para la trayectoria consolidada de un gran proyecto empresarial que también es representativo de un proyecto de país», urgen en la misiva, en la que solicitan a Sánchez que aborte la operación «por razones de interés general» y «para evitar una excesiva concentración del poder económico» en Madrid.

La carta advierte al presidente del Gobierno de que una excesiva «centralización del poder económico en el centro peninsular» tendrá «consecuencias negativas para el equilibrio territorial y el acceso a la financiación en otras regiones». Según los empresarios catalanes, España necesita también bancos de proximidad, especialmente para los proyectos de menor dimensión, que encuentren su ventaja competitiva en el conocimiento profundo del tejido empresarial y social.

Estos conceptos, incluido el del riesgo del «centralismo» económico, también asoman en el argumentario del Sabadell, según fuentes cercanas al proceso. Sin embargo, la prudencia se ha instalado estos días en la entidad. Su consejero delegado, César González-Bueno, sí confirmó que el banco participará en la encuesta pública, aunque evitó comentar en qué puntos basarán sus respuestas, que decidirá el consejo del banco. El directivo también optó por la cautela en su opinión sobre el mecanismo de consulta elegido por el Ejecutivo. «No soy yo quien debe determinarlo», se limitó a asegurar.