El juez quiere que BBVA aclare por qué fallaron sus controles en el 'caso Villarejo'

El representante legal del banco, investigado por tres delitos, declarará el 24 de septiembre para concretar si la cúpula «consintió» los contratos

J. A. BRAVOMADRID.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pretende que BBVA, investigado en calidad de persona jurídica por tres delitos en relación a los espionajes y otros «servicios de información» encargados al comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, aclare por qué fallaron sus órganos de control para permitir unas contrataciones que considera a priori «ilícitas» porque, entre otras cosas, se produjeron cuando el citado policía todavía estaba en activo y vulneraron la intimidad de diferentes personas. Según fuentes jurídicas, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, persigue que el banco adopte una posición proactiva si realmente quiere acreditar que la sociedad como tal desconocía las irregularidades descubiertas.

Por ese motivo la declaración del representante legal de la entidad financiera, prevista para el 24 de septiembre, puede ir más allá del formato habitual en las imputaciones empresariales y adquirir una importancia inusitada para medir tanto el grado de colaboración real del banco con las pesquisas judiciales como el funcionamiento de su programa de prevención de delitos ('compliance'), obligatorio para las compañías desde la reforma del Código Penal que entró en vigor a finales de 2010. Su comparecencia, dentro de la pieza nueve de las trece que por ahora tiene el denominado 'caso Tándem' sobre los trabajos realizados por la red parapolicial que presuntamente montó Villarejo durante más de una década con varios socios, se producirá además tras el interrogatorio en fechas previas del mes próximo de varios ex cargos de la Policía y agentes que pudieron colaborar en los trabajos para el BBVA.

En el auto donde BBVA pasaba a ser investigado como persona jurídica, dictado a finales de julio, el juez instructor sostiene que su cúpula «consintió» la contratación de empresas de Villarejo (fundamentalmente, de la firma Cenyt) para «múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial» pese a tener «carácter ilícito», en vista del «beneficio personal y empresarial» que podían reportar sus servicios. En concreto, desde su primer encargo en 2004 hasta los últimos en 2017 realizó seguimientos y espionajes a personas vinculadas al ascenso del grupo Sacyr en el accionariado del banco, la asociación de consumidores Ausbanc y varias constructoras morosas como Martinsa y Prasa, entre otros.

Por esos trabajos el comisario percibió, en total, al menos 12,3 millones de euros. Es la razón por la cual el juez y los fiscales estiman que el banco podría haber incurrido en un delito continuado de cohecho activo dado que, como policía en activo, Villarejo tenía prohibido realizar ese tipo de trabajos. Respecto a los «múltiples» delitos de descubrimiento y revelación de secretos, consideran que su responsabilidad penal deriva de que los servicios encargados supusieron «una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» con seguimientos, intervenciones telefónicas (más de 15.000) e incluso acceso a documentos bancarios.

Del delito de corrupción en los negocios, el reproche se refiere a que algunos directivos del BBVA investigados -hay ya una decena pero solo uno, Antonio Béjar (exresponsable del Área de Riesgos), contestó a las preguntas- «habrían percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones». No se concreta qué cargos podrían ser, aunque el juez abre la puerta a que el banco pueda descargar en algunos las responsabilidades sobre presuntos «actos de corrupción que pudieran considerarse como perjudiciales para la sociedad». Pero García-Castellón quiere que sea la propia entidad la que explique, con informaciones concretas, si estaríamos ante actos «personales» de directivos que «pudieran resultar contrarias a su interés».

También pretende que el banco, dando por hecho que negará la acusación judicial de que pudo ser «tolerante con prácticas contrarias a la buena fe empresarial», detalle cómo funcionaron los «mecanismos de control» de BBVA al haber fallado en apariencia. Por encima de todos estaba la vigilancia del consejo de administración, obligado por el gobierno corporativo a denunciar cualquier irregularidad interna. Luego aparecen el área de Cumplimiento Legal -de la que dependía directamente el 'compliance' y cuyo responsable, Eduardo Arbizu, dejó la entidad en julio-, las de riesgos y supervisión, y además el departamento de auditoría interna.

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