El impacto de las últimas reformas merma las prestaciones

Así, la ley aprobada en 2011 por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero supuso ampliar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Un aumento progresivo que concluirá en 2027 y que, de momento, en 2018 se sitúa en los 65 años y medio. Eso sí, aquellos trabajadores que hayan cotizado durante 36 años y seis meses podrán seguir jubilándose a los 65 años este ejercicio. En 2027 será necesario haberlo hecho durante 38 años y medio.

La reforma de 2011 también incluyó cambios en los años necesarios para calcular la pensión. Hasta entonces se utilizaban los últimos 15 ejercicios cotizados, pero la nueva normativa los amplió hasta los últimos 25 años de forma gradual. De hecho, en 2018 se requieren los últimos 21 años y en 2022 se alcanzarán los 25 años. Al ampliarse los años para el cálculo lo normal es que la media de la pensión baje al incluir ejercicios más antiguos en los que los salarios, normalmente, son más bajos que al final de la vida laboral de un trabajador.

En 2013, ya con el PP en el Gobierno, se dio otra vuelta de tuerca al sistema. Se desligó la revalorización de las pensiones del IPC, lo que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas, que llevan cinco años con la subida mínima del 0,25%. Además, en 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad que ligará las pensiones a la esperanza de vida. Lo que, según los expertos, implicará una reducción de la cuantía.