Los grandes cambios, los más polémicos

Las políticas sobre pensiones y trabajo son las que más detractores suelen generar por la gran incidencia en el día a día de la población

E. MARTÍNEZMADRID.

En 2012 el Gobierno de Rajoy decidió aprobar la reforma laboral de forma casi unánime. Era un momento en el que España pasaba por horas bajas, en plena crisis, con un crecimiento económico del -2,9% anual y un momento en el que la salida de ese pozo parecía aún muy lejana. Fue, cómo no, una medida muy criticada, tanto por fondo como por forma.

Que solo fuera apoyada en el Congreso por el PP, CiU, UPN y FAC dejaba fuera del tablero de juego los intereses del resto de partidos. Respecto al fondo, los sindicatos más representativos también se quejaron de que no habían tenido en cuenta sus peticiones. Pero lo cierto es que empezó a recuperarse la tasa de empleo, como explica Josep Lladós, profesor de Economía de la UOC, que también incide en que esta recuperación supuso una caída muy importante de los salarios, se abarataron los despidos y se precarizaron los contratos, sobre todo de los más jóvenes.

Pero en cifras, si el paro cerró aquel año en el 25,7% superando la cifra de los 6 millones de desempleados, en 2015 la tasa había bajado al 20% y los parados ya eran 4,7 millones de personas, y así en descensos continuos hasta llegar a la tasa actual del 13,8%. Eso sí, los sindicatos denuncian que esa recuperación del empleo se ha hecho a costa de unas bajas condiciones laborales de miles de personas, lo que ha hecho que aparezca por primera vez el concepto de trabajadores pobres.

Por ello, los agentes sociales piden al nuevo Ejecutivo una «reforma de la reforma» que acabe con la desigualdad social que se ha creado desde esos años. El economista de Funcas, Raymond Torres, asegura que lo fundamental es reducir la pobreza y crear un crecimiento «inclusivo» para crecer «de forma más equitativa».

Con las pensiones también ha habido mucha discusión. En 2013 el PP en el Gobierno aprobó el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad (FS). El primero estaba destinado a sustituir al IPC, que era el valor con el que se revalorizaban hasta ese momento. Pero entonces empezó a depender de los ingresos y gastos de la Seguridad Social con el objetivo de mantener a raya el sistema. Pero ese gran logro político de Rajoy acabó en 2018 cuando cedieron a las peticiones del PNV para que diera su visto bueno a los Presupuestos. Así, las pensiones volvieron a actualizarse con el IPC, pero queda pendiente el acuerdo en el Pacto de Toledo, roto el pasado mes de febrero ya bajo el Gobierno de Sánchez después de tres años de trabajo que serviría para renovar las recomendaciones de 2011.