El Gobierno vigilará los márgenes pero descarta fijar los precios agrarios por ley

Para ello, el ministro se comprometió a mejorar el presupuesto de los seguros agrarios y a velar por unos precios más justos en el sector y con unos márgenes de ganancia más amplios para los productores, pero descartó la petición que la Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos (UPA)realizó de definir a través de una ley cuál debe ser el precio adecuado para cada uno de los productos agrarios perecederos. «El Gobierno no puede fijar precios, pero está claro que tenemos que hacer algo», argumentó. Y la respuesta que ofrece el Ejecutivo es modificar este mismo año la ley de la cadena agroalimentaria de 2013 con el objetivo no solo de trasponer la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, sino también para darle un papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena. Así, la idea es –según especificó el ministro– cambiarla en torno a cuatro ejes: establecer una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas y que, por tanto, son desleales; poner en marcha una regulación de las ventas a pérdidas (las que están por debajo de los costes de producción), algo que es una de las principales demandas del sector, que pide prohibirla a lo largo de toda la cadena; obligar a difundir el coste de la producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios; y, por último, dar publicidad a las empresas que incumplan la normativa.

En esta línea, Planas anunció la convocatoria urgente para la próxima semana del Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria para realizar un «informe pormenorizado» de los precios de aquellos productos que atraviesan más dificultades, como el aceite de oliva o las frutas y hortalizas, así como el estudio del comportamiento de los precios de los principales insumos agrarios. Precisamente, este próximo jueves el titular de Agricultura se reunirá con la mesa del aceite de oliva para analizar la situación de los precios, que están cayendo debido a que la pasada campaña se registró una cosecha récord de 1,8 millones de toneladas. «Gran producción, precios bajos; poca producción, precios altos», se lamentó Planas, que resaltó la importancia de conseguir ampliar mercados fuera de la UE y llegar a acuerdos con otros países como Canadá. A su vez, la próxima semana se reunirá igualmente con la mesa de la frutas y hortalizas para ver qué propuestas se pueden llevar a cabo.

Una de las novedades que llevará a cabo este Ejecutivo es iniciar un diálogo con las grandes empresas de la distribución en España, algo que «nunca se había hecho». «Me parece muy importante que la distribución contribuya a valorizar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos», incidió Planas, quien considera que el problema radica además de en la pérdida de valor económico, en la pérdida de reputación de este sector. «Más allá de los márgenes comerciales, nuestros agricultores están pidiendo respeto y comprensión», explicó el ministro, quien abogó por dialogar con todas las partes implicadas en el proceso agroalimentario: las empresas, la industria, la distribución y también los ciudadanos, cuya «decisión final de compra marca el rumbo del conjunto del sistema agroalimentario».

En relación a las ayudas que se ofrecen en el marco de la Política Agraria Comunitaria (PAC), el Ejecutivo pretende consensuar un modelo para apoyar a quienes realmente lo necesitan, a quienes trabajan en unos niveles límites o por debajo de los márgenes. Para todas estas iniciativas el Ejecutivo pidió la implicación de todas las partes de la cadena, porque «si no se produce ese diálogo, va a ser muy difícil salir de esta situación». Pero también quiso dejar claro que se trata del «mismo problema» que sufren otros países europeos como Francia, Países Bajos y Alemania.