El Gobierno veta la venta a pérdida «engañosa» o «predatoria»

J. A. BRAVO MADRID.

La venta a pérdida, probablemente la práctica de las grandes superficies comerciales más odiada por agricultores y ganaderos, está ya cerca de salir del limbo legal en el que se encuentra desde hace un año al considerar la justicia europea que la normativa española era demasiado restrictiva en ese aspecto. Ayer el Consejo de Ministros la modificó para dotarla de mayor «certeza». El problema residía en que, según declaró el Tribunal de Justicia de la UE en octubre de 2017, la anterior regulación española iba más allá de las directivas comunitarias. Según la curia, prohibía de manera general la venta a pérdida al considerarla una práctica comercial desleal. Pero la Comisión no la incluyó entre las 31 posibles conductas del sector que sí se consideraban irregulares, dentro de la directiva que aprobó en 2005.

En España, por defecto, desde la Ley del Comercio Minorista de 1996 se vetaba toda venta a pérdida salvo dos excepciones: si eran para igualar los precios de otros competidores, o bien dar salida a productos con fecha de caducidad inminente. El Tribunal de Luxemburgo lo anuló, al considerarlo demasiado restrictivo. No cuestionó, sin embargo, la Ley de Competencia Desleal aprobada en 2007, cuyo contenido incluye ahora el Gobierno en la Ley del Comercio Minorista al tiempo que elimina las excepciones referidas. La otra diferencia con la situación anterior es que ahora se considera lícito «vender un producto por debajo de coste» salvo que se den tres supuestos que ya existían antes.

Así, esa clase de operaciones comerciales solo serán desleales si «son susceptibles de inducir al error» a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, buscan «desacreditar» la imagen de la competencia o directamente pretenden «eliminarla del mercado». Esto es, ventas que sean «engañosas, denigratorias o predatorias».

El decreto ley correspondiente se enviará ahora al Congreso para su aprobación en un mes. Con ello el Ejecutivo espera librarse de posibles sanciones por no cumplir la normativa europea o las resoluciones del Tribunal de la UE y, a la vez, dar «certeza jurídica» a los operadores.