El Gobierno subirá un 0,9% los salarios de los funcionarios en 2021

Si bien a principios de septiembre surgió el rumor, alimentado por las declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, de que los sueldos públicos podrían congelarse en 2021 ante la baja inflación esperada y tras la ganancia de poder adquisitivo registrada en los últimos años, tal posibilidad quedó pronto descartada. Ello, a la vista tanto de la división que la cuestión generaba en la coalición de gobierno como de la respuesta sindical (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios –CSIF– alegó que los empleados del Estado arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010).

Desde el departamento de Carolina Darias comentan, aprovechando la comunicación de la subida salarial, que «el Gobierno reconoce la labor del personal al servicio de las Administraciones, su compromiso y su esfuerzo colectivo y su contribución al interés general». Además, desde Función Pública destacan que la pandemia «ha puesto de relieve» «el imprescindible valor de lo público, y que el personal al servicio de las distintas administraciones ha sido capaz de garantizar, en situaciones difíciles, la continuidad de los servicios esenciales».

Pero, a juicio de CSIF, la propuesta de subida salarial «no reconoce ni la labor realizada frente a la pandemia ni de lejos la pérdida de poder adquisitivo desde 2010». Para acortar esa pérdida, CSIF reclama un acuerdo salarial a varios años con subidas del 3% cada ejercicio.

El incremento salarial en 2021 será inferior al registrado años anteriores. Así, en 2020 la retribución de los trabajadores públicos aumentó un 2%, después de haberlo hecho un 2,5% en el ejercicio previo. En 2018 se incrementó un 1,75%, tras elevarse un 1% en los dos ejercicios anteriores. Entre 2011 y 2015 los sueldos de los funcionarios estuvieron congelados y en 2010, fruto de la anterior crisis, bajaron un 5%.

El incremento del 0,9% de los salarios públicos será idéntico al que registrarán las pensiones el año que viene –aspecto también recogido en las cuentas públicas para el próximo ejercicio– y corresponde al deflactor del PIB, un indicador similar al IPC estimado.

El consejo de ministros también abordará mañana la oferta de empleo público para la Administración General del Estado. Según comunicó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a los sindicatos, se aprobarán 28.055 plazas en 2020, una cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas de 2019 –la mayor de la última década–, si bien ahí se incluían 5.000 plazas de estabilización de empleo temporal.

De las 28.055 nuevas plazas, 8.996 serán para promoción interna, lo que supone el mayor volumen para esta convocatoria en la historia de la Administración General del Estado.

Pero hay que contar con que en las plazas totales se incluyen también las que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Sin contemplar estos últimos puestos, la convocatoria de empleo público para este año en la Administración General del Estado asciende a las 18.266 plazas (9.270 de nuevo ingreso y las 8.996 de promoción interna). Se trata de una propuesta que no contó con el respaldo de los sindicatos, por considerarla insuficiente ya que, a su juicio, no cubre las necesidades estructurales de la Administración.

Al hacerse oficial, CSIF considera que la oferta de empleo público es «insuficiente» «porque no cubre ni la urgencia de la situación ni las necesidades estructurales que ha puesto en evidencia la pandemia».

CSIF elaboró una propuesta de plan estratégico de recursos humanos para las administraciones públicas que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos en tres años. Además, de acuerdo con sus cálculos, sólo la sanidad requiere un plan adicional con casi 290.000 nuevas plazas en la próxima década. Según CSIF, en la última década, la Administración ha perdido 43.377 efectivos.