El Gobierno retrasa la senda de reducción del déficit para «aumentar el gasto social»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. :: efe/
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. :: efe

La nueva hoja de ruta del Ejecutivo supone seguir en números rojos como poco hasta 2021, desde el 1,8% en 2019 al 0,4% dentro de tres años

EDURNE MARTÍNEZ MADRID.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se enfrentó a la Comisión Europea anteayer en Bruselas y les informó de que España va a incumplir el objetivo de déficit que había propuesto el Gobierno de Rajoy y que los socialistas establecen a partir de ahora una nueva hoja de ruta en el 2,7% y el 1,8% en 2018 y 2019 respectivamente, en lugar del 2,2% y 1,3% prometido por Montoro. De esta forma, el Presupuesto coge aire con 5.500 millones de euros que no estaban previstos. Pero, ¿para qué necesita el nuevo Gobierno este margen? «Para poder desarrollar la agenda social», justificó Calviño.

Y Montero, ministra de Hacienda, fue más allá. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer aseguró que el nuevo objetivo de déficit abre una nueva senda de estabilidad que «apuntala el crecimiento económico» pero mejorando las políticas sociales para que «la recuperación llegue a los ciudadanos». Anunció que el déficit del 2019 será del 1,8%, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, lo que da un respiro al Gobierno que, de otra forma, hubiera tenido que hacer un «ajuste drástico» de 11.000 millones en las cuentas públicas.

NUEVO MARCO PRESUPUESTARIO

Año Gobierno PSOE Gobierno PP
2019 -1,8% -1,3%
2020 -1,1% -0,5%
2021 -0,4% +0,1%

Pero esta «buena noticia» -como la definió la titular de Hacienda- tiene consecuencias negativas. Seguir en números rojos como mínimo hasta 2021 supone una vulnerabilidad mayor de España en los mercados internacionales porque aumenta la deuda, ya muy elevada puesto que roza el 100% del PIB. Y en el horizonte del próximo año asoma una subida de tipos de interés, que aunque sea leve, encarecerá el coste de la deuda y restará financiación para otras partidas.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó ayer en un estudio realizado a petición del Consejo de Ministros, que el déficit público acabará este año en el 2,7% del PIB, el nuevo objetivo previsto por el Gobierno, y pronosticó que en 2019 cerrará en el 2,2%, en este caso por encima del 1,8% establecido.

Medidas sociales

Con este dinero 'ahorrado', el Ejecutivo podrá llevar a cabo el paquete de medidas sociales que han ido anunciando, desde el área del Empleo hasta el de Fomento. Entre ellas destaca la subida de sueldos a los funcionarios un 1,5% con efecto retroactivo al 1 de enero de 2018. Además, se preveía un incremento adicional del 0,25% con efectos a 1 de julio si el crecimiento del PIB era suficiente. La noticia de ayer tras el Consejo de Ministros fue que ya se ha aprobado este aumento y se hará efectivo «de manera inminente».

La actualización de las pensiones conforme al IPC es otro de los puntos más caros a los que se enfrenta el nuevo Gobierno. Unos 1.600 millones de euros anuales para llevar a cabo esta medida que se empezará a pagar dentro de muy poco. El pasado jueves la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunciaba en el Congreso que el 27 de julio los pensionistas ya recibirán en sus nóminas una paga extra con los atrasos generados desde enero, ya que tienen que actualizarse un 1,35% después de la subida mínima del 0,25%. Asimismo, ya en el pago de agosto todas las pensiones se revalorizarán un 1,6% con carácter general y un 3% para las prestaciones mínimas y las no contributivas.

También habrá gasto con la apuesta del Ejecutivo por dar una «mejor protección» a las trabajadoras del hogar. «Hay que poner en marcha algunas de las cuestiones de la Ley de Dependencia que estaban abandonadas a su suerte», dijo ayer la ministra portavoz Isabel Celaá. Lo más demandado es que una de las enmiendas aprobadas en los Presupuestos retrasaba a enero de 2024 la equiparación del sistema de cotización.

Además la ministra Valerio también quiere reducir de 55 a 52 años la edad para poder acceder al subsidio de mayores en situación de paro y así recuperar la base de cotización a los que han agotado sus prestaciones contributivas al 125% del SMI. Los universitarios también se podrían beneficiar: el Gobierno anunció la semana pasada que estudia subir 100 euros la cuantía de las becas para los alumnos más necesitados, unos 250.000.

Asimismo, desde Fomento se anunció ayer que a partir del lunes se hará efectivo el descuento del 75% en trayectos marítimos y aéreos para españoles no peninsulares y la eliminación de los peajes en las autopistas rescatadas, cuyo gasto se estima en unos 1.800 millones, aunque las concesionarias lo elevaron hasta los 5.000 millones.

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