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El Gobierno quiere integrar las pensiones no contributivas en el ingreso mínimo vital

Escrivá busca liberar al sistema de este gasto y rediseñarlas para que su cuantía dependa no ya del individuo sino del hogar en que viva

LUCÍA PALACIOS

MADRID.

Jueves, 24 de septiembre 2020, 00:01

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Se avecinan cambios en el sistema de pensiones. El Pacto de Toledo continúa trabajando contrarreloj para establecer las directrices que marcarán una reforma que se resiste. El acuerdo está «a punto de llegar», según aseguró ayer en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien resaltó que se pondrá así punto y final a la incertidumbre que rodea a los jubilados y las prestaciones volverán a revalorizarse con el IPC. Pero a su vez avanzó cuál puede ser otra de las medidas que se tomarán para poner fin al déficit de la Seguridad Social y garantizar su sostenibilidad.

Las pensiones no contributivas pasarán a «integrarse en el futuro» en el esquema del Ingreso Mínimo Vital (IMV), precisó. Es decir, dejarán de considerarse pensiones como tal, no las pagará la Seguridad Social -con cargo al Presupuesto del Estado- y se absorberán en el IMV recién aprobado. Se trata de una medida que forma parte de una de las recomendaciones que ya tiene prácticamente cerrada el Pacto de Toledo: separar las fuentes de financiación para liberar a la Seguridad Social de todos los gastos que no sean propiamente contributivos. Esto supondría que el Estado pasaría a financiar unos 23.000 millones que ahora paga el sistema por unas políticas no contributivas, entre las que están las pensiones no contributivas, pero también las políticas activas de empleo (bonificaciones, reducciones de cuotas...), las prestaciones por nacimiento, el complemento por maternidad, los gastos administrativos...

Además, entre los planes de Escrivá está definir mejor estas ayudas no contributivas para que se diseñen en función no ya del individuo beneficiario, sino del hogar, con lo que se espera abordar mejor las situaciones de vulnerabilidad. Así ocurre con la renta mínima, cuya cuantía oscila entre los 462 euros y los 1.015 euros, en función de los ingresos declarados y de la composición de los hogares.

El ministro animó a las Comunidades Autónomas a utilizar ese dinero que antes empleaban en el IMV y que ahora asume el Estado a mejorar este tipo de pensiones, que suelen ser muy bajas, ya que la ley les da un margen para complementarlas hasta un 30% más. Y es que Escrivá reconoció la necesidad de seguir mejorando la redistribución dentro del sistema de pensiones y recordó que, en esa línea, se han ido subiendo más las mínimas en los últimos años.

2.600 millones de gasto

Efectivamente, lo que también tiene entre manos esta comisión parlamentaria es establecer cuál es la suficiencia de las pensiones y si deben revalorizarse más las pensiones más bajas. Porque los más de 450.000 personas que se benefician en la actualidad de una prestación no contributiva a duras penas llegan a los 400 euros al mes. Así, de media, un pensionista no contributivo de invalidez cobra de media 444 euros al mes, una cuantía que es menor para la de jubilación: 397 euros mensuales, cantidad inferior al mínimo fijado para la renta mínima.

El perfil más común de quienes reciben esta ayuda es el de una mujer española, casada -aunque globalmente el número de pensionistas solteros es superior-, que vive integrada en una unidad económica formada por dos y tres personas. En julio se dedicaron 187 millones para el pago de estas nóminas, con lo que el presupuesto anual de esta partida presupuestaria supera los 2.600 millones de euros.

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