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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EFE
El Gobierno libera a los ayuntamientos del control del gasto, pero mantiene bloqueados sus ahorros

El Gobierno libera a los ayuntamientos del control del gasto, pero mantiene bloqueados sus ahorros

Hacienda permitirá a las entidades locales utilizar el superávit de los dos últimos años para hacer frente a la crisis causada por la pandemia

Héctor Barbotta

Marbella

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Lunes, 14 de septiembre 2020, 12:19

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El Gobierno se ha apresurado a mover ficha. Tras la derrota parlamentaria que supuso la derogación del decreto por el que se pretendía forzar a los ayuntamientos a prestar sus ahorros para poner disponer de una parte de los mismos, impulsará un nuevo decreto-ley que suspenderá este año la regla de gasto. Ello permitirá a las entidades locales por esta única vez recurrir al superávit de los dos ejercicios anteriores.

Esta decisión no afecta al ahorro acumulado por los ayuntamientos desde 2012, que siguen bloqueados, pero sí al de los años 2018 y 2019. Hacienda ha señalado que el nuevo decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos (el ahorro acumulado) «al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso». Sin embargo, sí rescata otras medidas que estaban incluidas en la norma que ha sido derogada y que contaban con el consenso municipal.

El nuevo texto normativo, según informó ayer Hacienda, tendrá un impacto de unos 3.000 millones de euros e incluirá, además de la suspensión del techo de gasto en este ejercicio, las medidas más urgentes pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «y que generaron aparentemente un mayor consenso» para dar liquidez y alivio financiero para los ayuntamientos. Entre las medidas previstas figura la entrega a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones.

Montero escuchará propuestas sobre el uso del superávit

María Jesús Montero ha lamentado que su fórmula no superara el trámite parlamentario ya que, en su opinión, «suponía poner solución a un problema estructural y complejo como es el uso de los remanentes de tesorería». Sin embargo, subrayó que eso no puede impedir que se ejecuten otras medidas urgentes que benefician a los ayuntamientos.

Montero ha insistido en que tiene «la mejor de las disposiciones para escuchar las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los propios ayuntamientos».

La ministra asegura que confía en que será posible encontrar una solución que permita atender las necesidades municipales «para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos».

Asimismo, se prorroga para este ejercicio el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto en todo el país alcanza los 987 millones. También se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial de esta medida, según Hacienda, podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.

También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

Para los ayuntamientos en riesgo financiero, Hacienda recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar su situación. Las entidades locales en apuros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste.

Para las entidades que tengan problemas de solvencia, el decreto prevé que se posibilite la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería. También se permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas.

Otro aspecto que se recuperará en este nuevo decreto tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones. También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

Por último, se recoge un procedimiento urgente para entidades locales para atender gastos extraordinarios relacionados con la crisis económica y sanitaria.

La FEMP reclama que las medidas anunciadas se ejecuten cuanto antes

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere que el Gobierno apruebe cuanto antes el decreto ley que suprime para este año la obligación de someterse al techo de gasto, lo que permitiría a los ayuntamientos recurrir al superávit de los ejercicios 2018 y 2019. La Junta de Portavoces, que se ha reunido este lunes casi al mismo tiempo en que se conocía la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda, mostró su acuerdo con las medidas comunicadas por la ministra, María Jesús Montero, y reclama que se plasmen cuanto antes en un decreto-ley.

Ante la división evidenciada la semana pasada, cuando el acuerdo alcanzado entre Montero y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, sólo pudo salir adelante con el voto de calidad de éste al haberse registrado un empate tras la abstención de Podemos y el rechazo de todos los partidos salvo el PSOE, en esta ocasión hubo unanimidad. Todas las fuerzas representadas en la federación mostraron su acuerdo con la nueva propuesta del ministerio.

El alcalde de Estepona y vice-presidente del organismo, José María García Urbano, ha valorado la «actitud de rectificación» de la ministra y resaltó que las medidas contenidas en el anterior decreto eran aceptadas en un 85 por ciento por todos los partidos representados en la FEMP, pero se les forzó a un todo o nada que llevó a que el acuerdo fuese rechazado.

Ahora que los puntos sobre los que había consenso estarán en un nuevo decreto, la FEMP quiere sentarse a negociar con el Gobierno sobre aquellos aspectos en los que persisten las diferencias: la utilización de todo el remanente –no sólo el de los dos ejercicios anteriores– y la incondicionalidad en los fines que los ayuntamientos pueden darle.

Después de que Abel Caballero alcanzara en solitario el acuerdo fallido con el Gobierno, el resto de los portavoces reclamaron que en las próximas negociaciones haya una presencia colegiada de la FEMP, propuesta que ha sido aceptada por el presidente.

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