El gasto social autonómico está 8.000 millones por debajo del realizado a principios de la crisis

Estas inversiones tienen el freno de la deuda contraída por las comunidades, que se incrementó un 287% entre 2008 y 2017

EDURNE MARTÍNEZ MADRID.

La recuperación económica de España es un hecho. El país mantiene un ritmo de crecimiento cercano al 3% -2,7% en el PIB al cierre del segundo trimestre- y los recortes parecen ahora cosa del pasado. Hay sectores de la sociedad que poco a poco empiezan a ver cómo se recuperan de los estragos de estos años pasados: los funcionarios vuelven a tener subida de sueldos y las pensiones se actualizan conforme al IPC. El tiempo dirá si en la empresa privada también empiezan a notarse los cambios. Sin embargo, donde sí que no se ha notado aún esa salida de la crisis es en el gasto social de las comunidades autónomas.

La educación, la sanidad y los servicios sociales siguen resintiéndose de los recortes en prácticamente la totalidad de las 17 autonomías, aunque hay grandes diferencias entre ellas. Según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el gasto social tocó suelo en 2013, cuando las comunidades destinaron 99.978 millones de euros a este fin. Desde entonces la inversión se ha ido recuperando poco a poco, hasta subir un 8,6% en 2017. En cambio, este esfuerzo aún resulta insuficiente para alcanzar los niveles de principios de la crisis; en concreto en 2009, antes de que comenzaran los recortes severos, esa partida ascendía a 116.851 millones.

Ahora el gasto en estos servicios públicos fundamentales tiene un peso en el PIB del 26,8%, cinco puntos menos que la media de la eurozona y otros cuatro por debajo del promedio de la UE -en Alemania se sitúa en el 30,7%, frente al 32% de Italia y el 37,9% de Francia-. Son datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA, que apuntan que no todas las comunidades se comportaron de la misma forma a lo largo de la crisis. Y aunque en los últimos años se ha ido recuperando el gasto, ninguna -a excepción de Cantabria y País Vasco- ha vuelto a los niveles per cápita previos a 2009.

El gasto por habitante medio fue de 2.343 euros en 2017, un 7,6% menos que nueve años atrás. Además, el porcentaje del presupuesto para protección social fue el ejercicio pasado un 8,5% menor que el de 2009, hasta situarse en el 61,4%. Además, hay datos alarmantes en la situación de dos autonomías que todavía acumulan una disminución muy abultada respecto a aquel año: Cataluña (-20%) y Castilla-La Mancha (-18,8%).

Según el coordinador de Estudios de la asociación, Gustavo García, «no se ha conocido en la historia de la democracia un recorte en servicios sociales como este, del que recuperarse no es fácil». Además, añade que «no se trata de una cuestión de color político» porque, por ejemplo, durante la crisis en Castilla y León también ha gobernado el PP y el descenso «no fue tan acusado».

La deuda lastra la inversión

Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que las medidas para ayudar a las comunidades a potenciar el gasto social «están en la nueva senda de estabilidad pactada con Bruselas», con las dos décimas de mayor margen fiscal que otorgan unos 2.500 millones de 'oxígeno' a las autonomías.

Por ello, consideran «irresponsable» que todos los grupos políticos -a excepción del PNV- hayan votado en contra o se hayan abstenido en la votación del Congreso, al reprocharles que con ello «les impidan disfrutar de ese mayor margen para reforzar el Estado de bienestar». La sorpresa llega cuando los datos recabados apuntan a que habiendo gastado mucho menos, la deuda de las comunidades es cada vez mayor. Y este es el «freno fundamental» para la inversión social, apuntan desde la asociación. «La deuda contraída y sus costes son una de las herencias más indeseables de la crisis», remarcan. En cifras, la deuda viva total de las administraciones autonómicas se incrementó entre 2007 y 2017 un 287% hasta los 290.000 millones de euros.

Mientras que en 2007 las comunidades gastaron de media 1.388 euros por habitante en deuda, en 2017 aumentó a 6.215 euros. «Es evidente que recortar en políticas sociales también ha tenido efectos negativos en la economía y que la deuda no ha estado causada por el gasto público», explican desde la asociación.

«Los recortes fueron más allá de lo necesario», sentencia García, quien se lamenta de que «nadie se da cuenta de lo que supone la deuda» para una autonomía. Si se cumplen las previsiones de subida de tipos de interés, abonarla costará más aún. «Todas las políticas están condicionadas al pago de la deuda», insiste.

Problemas de financiación

Sobre este aspecto, el coordinador recuerda que la financiación autonómica es «insuficiente a todas luces» y que el problema no viene del gasto, porque ha quedado demostrado que por poco que se ha gastado estos años la deuda ha seguido en aumento. «Tenemos un sistema fiscal muy débil en el que la carga recae sobre todo en las familias», explica.

El problema llega ahora, cuando en algunas comunidades el coste a pagar por los intereses de la deuda ya es el mismo que el gasto en educación por habitante. «No hay política social más justa que una política fiscal ajustada», zanja García para reclamar que se tomen medidas.

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