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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia. EFE
La presión impositiva baja el déficit público al 2,6%

La presión impositiva baja el déficit público al 2,6%

Sale de la tutela directa de Bruselas, pero estará en vigilancia preventiva por el desfase de la Seguridad Social y su todavía abultada deuda

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Viernes, 29 de marzo 2019, 22:33

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Los severos inspectores de la Comisión Europea ya no tendrán las cuentas españolas bajo la lupa, tras terminar éstas 2018 con un desequilibrio negativo del -2,63% y salir así del procedimiento especial por déficit excesivo (PDE) en el que llevaban desde 2009, al haber bajado del 3%. Más que una noticia, los datos oficializados este viernes por el Ministerio de Hacienda y su titular, María Jesús Montero, son una confirmación de lo que todos descontaban ya.

De hecho, una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó claro a las autoridades de Bruselas meses atrás que no podría cumplir la meta del b -2,2% comprometida por el Gobierno anterior de Mariano Rajoy, la única duda es si haría un esfuerzo de última hora en los ajustes. Habló en un principio de -2,7%, por lo que algunas centésimas sí ha bajado al final.

Respecto al desajuste contable registrado en 2017, el recorte del saldo contable público asciende a 4.098 millones de euros. Eso sí, lo hizo fundamentalmente gracias a una recaudación fiscal récord de más de 208.000 millones de euros en 2018, un 7,6% más que el ejercicio anterior y con un alza tres puntos mayor en el IVA.

En los dos primeros meses de este año, sin embargo, los ingresos impositivos se han moderado con fuerza. Su aumento del 2,7% no ha permitido compensar lo suficiente la devolución de las retenciones del IRPF por la maternidad, tema resuelto por el Tribunal Supremo a favor de los contribuyentes, cuestión que ha elevado el déficit del Estado un 16,2% al cierre de febrero (el 0,94% del PIB).

La Seguridad Social, en vigilancia

 Volviendo a 2018, la mayor parte de los 31.805 millones de déficit registrados los acumuló justo el Estado (18.121), seguido de las comunidades autónomas (2.810) y frente al superávit de los ayuntamientos (6.292 millones). La Seguridad Social, con un desfase de 17.088 millones, será vigilada por Bruselas al pasar a regularse con la regla de gasto y, por tanto, tener que ajustar el incremento de sus desembolsos al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a medio plazo, a menos que haya ingresos de carácter permanente que puedan compensar un aumento superior.

La previsión de déficit para 2019, sin nuevos Presupuestos aprobados y la incertidumbre de que puedan darse en función del escenario político que deparen las elecciones generales del 28 de abril, es del 1,3%. El Gobierno ya la intentó subir al 1,8% meses atrás, aunque desde la Comisión no hubo una aceptación formal al respecto. El problema es desde el propio Ejecutivo se ha indicado ya que, de no contar con un nuevo proyecto de cuentas que eleve los ingresos previstos o ajusten más los gastos, al final podría superar el2,3%

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