Las nuevas armas de Hacienda para luchar contra el fraude y la elusión fiscal

Un empleado trabaja en la sede de Facebook en California. :: Robert Galbraith / reuters/
Un empleado trabaja en la sede de Facebook en California. :: Robert Galbraith / reuters

Este año se implementa el sistema para conocer de forma automática los titulares de cuentas bancarias en medio centenar de países

D. VALERA MADRID.

La eficacia en la lucha contra el fraude fiscal depende cada vez más de la colaboración internacional y de la capacidad tecnológica de las distintas agencias tributarias para evaluar y analizar la ingente cantidad de datos que un mundo globalizado exige. Y en ambos aspectos España se encuentra en el grupo de cabeza gracias a su participación activa en los distintos programas de intercambio de información puestos en marcha desde la OCDE y al avanzado sistema informático del fisco. El plan de control tributario 2018 aprobado hace unos días va en esa línea y resalta la puesta en marcha de dos mecanismos internacionales, el CRS y la información 'país por país', que permitirán conocer a los titulares reales de las cuentas bancarias en un centenar de jurisdicciones y que obligarán a las multinacionales a decir dónde generan beneficios para evitar la elusión de impuestos.

La lucha contra el fraude permitió recaudar 14.883 millones en 2016 -último dato disponible-. Sin embargo, la economía sumergida en España mueve alrededor de 168.000 millones, lo que representa un 16% del PIB, según la estimación del Consejo General de Economistas. Además, los recientes casos de los 'papeles de Panamá' o la famosa lista Falciani, entre otros, muestran que las vías de escape de los defraudadores pasan por la opacidad fiscal de ciertos países. En parte a raíz de esos escándalos y para tratar de corregir esa situación, la OCDE ha puesto en marcha el programa CRS ('Common Reporting Standard') de intercambio automático de información de los titulares de cuentas bancarias mediante un sistema estandarizado.

En concreto, este sistema inspirado en la normativa Facta de Estados Unidos permitirá a la Agencia Tributaria conocer los nombres de las personas físicas o jurídicas residentes en España que estén detrás de una cuenta, así como el saldo de la misma y los intereses generados. Una información que será remitida de forma automática por los países firmantes del acuerdo y que ascienden a un centenar. Precisamente, el principal avance consiste en que ya no será necesario solicitar uno a uno la información sobre un contribuyente concreto a un Estado, sino que esos datos se remitirán de forma periódica entre las distintas agencias. Al mismo tiempo, la entidades financieras tendrán la responsabilidad de comunicar esa información a los organismos tributarios para no ser sancionadas.

De momento, el mecanismo empezó a funcionar el año pasado con una treintena de Estados, España entre ellos, y está previsto que supere el medio centenar este ejercicio y en 2019 pueda aplicarse a todos los firmantes. El plan de control tributario destaca ya «la recepción de información de cuentas financieras titularidad de residentes en España procedente de un número muy significativo de jurisdicciones» en el marco de ese programa. En este sentido, la Agencia Tributaria se compromete a poner en marcha los mecanismos internos para «procesar y explotar» estos datos y facilitar un «más rápido tratamiento de la información fiscal recibida respecto de las cuentas financieras que se mantienen en el extranjero».

A pesar del avance que supone este sistema, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que no se haya ido más allá para obligar a dar información sobre otros productos financieros, por ejemplo los fondos de inversión, u otros instrumentos más complejos que seguirán siendo opacos. «No minusvaloramos la medida porque es importante el intercambio automático, pero se ha ido a lo más fácil», señala el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Además, advierte de que si el titular de una cuenta es una sociedad ubicada en un paraíso fiscal, los problemas para investigar seguirán siendo enormes.

Multinacionales

Otro de los focos del plan de control tributario está en evitar la elusión fiscal de las multinacionales a través de la planificación fiscal agresiva. Es decir, conseguir que las empresas paguen los impuestos en los lugares donde generan beneficios. Ese es el objetivo de otro de los mecanismos internacionales que empezarán a funcionar este año. El denominado informe 'país por país' también impulsado por la OCDE dentro del programa BEPS (lucha contra la erosión de bases imponibles) obligará a las sociedades con una facturación superior a los 750 millones a desglosar los ingresos, activos, trabajadores e impuestos que pagan en cada territorio en el que operan. Una información que también será objeto de intercambio entre los países firmantes a partir de junio de 2018.

Esta medida está pensada principalmente para los gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Apple, que están siendo investigados en varios países europeos por utilizar mecanismos para desviar los beneficios a países como Irlanda u Holanda, donde ubican su matriz por ser territorios con una tributación muy baja. Desde Gestha consideran que la medida será importante para lograr que las empresas paguen los impuestos que les corresponde por la facturación generada en un país, aunque consideran demasiado elevado el límite de 750 millones que obliga a las multinacionales a dar esta información.

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