La obligatoriedad de presentar telemáticamente la declaración de la Renta podría ser ilegal

En 2019, por medio de una Orden ministerial (HAC/277/2019, de 4 de marzo), se impuso la obligación, a todos los contribuyentes, de declarar el IRPF electrónicamente, lo cual, según expusieron ya en su momento los expertos de AEDAF, atenta contra el principio constitucional de no discriminación por razón de edad.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha incidido en que «se suscitan dos cuestiones de relevancia» respecto al recurso presentado:

Por una parte, los magistrados han subrayado «el alcance y extensión del carácter supletorio de la normativa» sobre el procedimiento administrativo contenida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos tributarios. Según han detallado, se trata de «esclarecer» si la regulación existente en dicha ley sobre la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas resulta aplicable al ámbito tributario.

Por otra parte, han estimado pertinente «aclarar si una regulación de tal índole, que afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos, cabe ser efectuada por vía de una norma reglamentaria de segundo grado o nivel, como es el caso de una orden ministerial» como la HAC/277/2019.

Stella Raventós, presidenta de AEDAF, explica: «El Supremo ha observado que, como advertimos en su momento, mediante esa orden se ha privado a muchos contribuyentes de su derecho a presentar su declaración del IRPF con la Administración de la manera que les fuese más asequible. La obligación impuesta por la Orden ministerial supone una clara discriminación para algunos colectivos y nuestra Asociación mantiene su compromiso con la defensa de los derechos de todos los contribuyentes, especialmente de aquellos más vulnerables, afectados por la «brecha digital» tal y como señala el propio Tribunal».

AEDAF presentó un recurso contencioso administrativo para impugnar la Orden ministerial, que afectaría a unos 350.000 ciudadanos, cifra correspondiente a las declaraciones del ejercicio 2017 presentadas en papel.