La batalla de 15.000 hipotecas se libra en los juzgados de Málaga

La batalla de 15.000 hipotecas se libra en los juzgados de Málaga

Al principal frente, las cláusulas suelo, se suman ahora otros como el del impuesto hipotecario

Nuria Triguero
NURIA TRIGUERO

Demandar a un banco era algo impensable para un ciudadano de a pie hasta hace sólo una década. Las entidades financieras eran instituciones altamente respetadas y si un director de oficina le ponía un papel por delante al cliente, lo habitual era que éste lo firmara sin cuestionar nada. Muchas cosas han pasado en estos diez años: la mayor crisis económica de la historia, un tsunami financiero que se ha llevado por delante a la mayoría de las cajas de ahorros, escándalos de corrupción político-financiera como el de Bankia, el destape de prácticas bancarias abusivas que han afectado al bolsillo de cientos de miles de clientes y, en conclusión, el desplome de la confianza de los ciudadanos en esa otrora prestigiosa institución que es la banca.

Como resultado, los tribunales de justicia se han convertido en el escenario de una cruda batalla entre consumidores y entidades financieras que, lejos de acabarse, no deja de crecer y abrir nuevos frentes. Primero fueron las participaciones preferentes y los 'swaps'; después las cláusulas suelo, las de vencimiento anticipado, los gastos de constitución de las hipotecas, los intereses abusivos de créditos rápidos y tarjetas, el índice IRPH... En los juzgados malagueños hay a día de hoy más de 15.000 demandas por cláusulas abusivas relacionadas con hipotecas y otros productos bancarios, según revela el juez decano de Málaga, José María Páez.

Los datos

95%
es el porcentaje de las sentencias sobre cláusulas suelo que dan la razón al cliente en Málaga.
2016
es el año en el que España debería haber traspuesto la directiva europea en materia de hipotecas. La reforma, que debería clarificar buena parte de las cuestiones que ahora se resuelven en los tribunales, lleva dos años de retraso.
1,5 %
es el tipo general que aplica Andalucía al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Está en la franja más alta.
1.300.000
familias en España tienen sus hipotecas referenciadas al IRPH, la alternativa cara del euríbor.
3
jueces (los que están en los dos juzgados especializados en cláusulas hipotecarias de Málaga) tienen que enfrentarse a la ímproba tarea de atender 12.000 demandas relacionadas con presuntos abusos bancarios.

De todas estas reclamaciones, 12.000 esperan su turno en los dos juzgados especializados en materia hipotecaria. Por un lado está el de Primera Instancia número 18 bis, que acumuló 7.000 asuntos entre el 31 de diciembre de 2017 y el pasado mes de junio, cuando dejó de admitir nuevos casos para dar el relevo al de Primera Instancia número 20. Este último es el que está concentrando desde esa fecha todas las acciones planteadas por consumidores en relación con productos financieros, y ya acumula casi 5.000. Además, quedan otros 3.000 casos pendientes en juzgados de primera instancia y mercantiles de la provincia.

El principal frente

Las cláusulas suelo siguen siendo el principal frente de esta batalla. La gran mayoría de demandas que colapsan los juzgados especializados tienen que ver con ellas, bien en solitario o en combinación con otras 'letras pequeñas' de las hipotecas. Una marea de pleitos que no se habría producido, en opinión de las asociaciones de consumidores, si el Gobierno hubiera obligado a los bancos a devolver el dinero pagado de más por sus clientes una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dejó claro, en diciembre de 2016, que se trataba de una cláusula abusiva y que su anulación debía tener efectos retroactivos. En lugar de eso, se habilitó una vía extrajudicial de reclamación para los afectados que es de carácter voluntario para las entidades.

Concentración ayer ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la sentencia que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados.
Concentración ayer ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la sentencia que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. / EFE

Este sistema, según denuncian las asociaciones de consumidores, ha sido un fracaso: la mayoría de afectados han visto denegadas sus peticiones y han terminado acudiendo igualmente a los tribunales para recuperar su dinero. «En más del 95% de los casos de cláusula suelo los jueces dan la razón a los clientes, con lo cual puede parecer absurdo que los bancos sigan prefiriendo ir a juicio y pagar las costas, pero en realidad les compensa ya que el colapso judicial disuade a muchos afectados, que acaban aceptando las migajas que les ofrece el banco con tal de que les quiten la cláusula suelo de forma inmediata», afirma Borja Martín, portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en Málaga.

A día de hoy el ritmo de entrada de demandas relacionadas con cláusulas suelo sigue sin bajar, según atestigua el juez decano de Málaga. Y a éstas se han ido sumando otras relacionadas con otros presuntos abusos bancarios. Merece la pena detenerse en las de los gastos e impuestos ligados a la inscripción de la hipoteca, que han acabado poniendo en la picota al Tribunal Supremo y provocando un cambio legislativo.

Ya en 2015, el Alto Tribunal determinó que imponer todos los costes derivados de la inscripción del préstamo hipotecario al cliente –como se hace en España– es abusivo. Claro que establecía una salvedad importante: el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), ya que su reglamento dice expresamente que le corresponde pagarlo al prestatario. La excepción es relevante porque esta tasa supone el mayor gasto de los que están ligados a la constitución de la hipoteca. Por eso el vuelco doctrinal que dio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo el 16 de octubre, anulando dicho reglamento y convirtiendo a los bancos en sujetos pasivos del gravamen, hizo temblar al sistema financiero. Después ocurrió lo ya sabido: el presidente de dicha sala dejó sin efectos la decisión de los jueces y convocó un pleno para repensarla «habida cuenta de su enorme repercusión económica y social».

Esta semana, un Supremo dividido y asediado por las críticas ha acabado volviendo al 'status quo': le toca al cliente y no al banco pagar el IAJD. Pero la oleada de indignación provocada por esta inusitada marcha atrás ha empujado al Gobierno a cambiar la ley para que a partir de ahora, sean los bancos los encargados de abonarlo. Eso sí, sin efectos retroactivos; si los hubiera habido, la banca se habría enfrentado a una factura superior incluso a la de las cláusulas suelo.

Las organizaciones de consumidores no se dan por satisfechas: buscarán el amparo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conseguir que los bancos paguen el impuesto de forma retroactiva. Confían en que se repita lo ocurrido a finales de 2016, cuando Luxemburgo obligó al Supremo a cambiar su doctrina sobre las cláusulas suelo, estableciendo la retroactividad total. «Tenemos 83 demandas colectivas interpuestas por los gastos e impuestos hipotecarios [en las cuales hay representados unos 200 afectados malagueños] y vamos a seguir adelante. Estudiaremos la sentencia del Supremo y acudiremos al TJUE», afirma Borja Martín.

Las asociaciones de consumidores no se dan por satisfechas con el cambio legislativo impulsado por el Gobierno, que obligará a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas a partir de ahora, y acudirán al tribunal europeo para conseguir la retroactividad

El magistrado que elevó en su día la retroactividad de las cláusulas suelo al tribunal europeo, Enrique Sanjuán, que actualmente está en la Audiencia Provincial de Málaga, no cree fácil que se repita la jugada. «Seguramente algún juez acabará elevando una cuestión sobre este asunto, pero veo difícil que el TJUE lo estime tratándose de una norma estatal que rige un impuesto», afirma.

Pendientes del IRPH

Sobre lo que sí se va a pronunciar dentro de unos meses la corte comunitaria es sobre el IRPH, un índice hipotecario alternativo al euríbor que ha privado a miles de hipotecados de beneficiarse de la bajada de tipos de los últimos años. Los afectados denuncian que sus entidades no les explicaron con la debida transparencia cómo funcionaba este índice. Tienen sentencias a su favor de juzgados de primera y segunda instancia, pero el Supremo dijo en noviembre de 2017 que el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia, ya que al ser un índice oficial, su funcionamiento debería ser de dominio público. Disconforme con esta doctrina, un juez de Barcelona apeló al TJUE, que seguramente emitirá su dictamen en el primer semestre del año que viene. Por lo pronto, la Comisión Europea ha emitido un informe que es contrario a la doctrina del Supremo. Mientras tanto, en la Audiencia Provincial de Málaga se han suspendido los recursos de casos de IRPH a la espera de la decisión de Luxemburgo. Si da la razón a los consumidores será otro fuerte revés para la banca, ya que es cierto que afectados hay menos que por cláusula suelo, pero los importes que reclaman son más altos. Las cláusulas de vencimiento anticipado, que permiten a los bancos iniciar un desahucio con una sola cuota impagada, también están pendientes de ser examinadas por la justicia europea.

Si el TJUE falla a favor de los afectados se producirá otra probable avalancha de demandas en unos juzgados que ya están «totalmente sobrepasados», advierte Páez, que señala que los jueces están supliendo «la inacción legislativa». Hay que recordar que la reforma de la ley hipotecaria, que debe trasponer a España la directiva europea y clarificar cuestiones que actualmente se resuelven en los tribunales, lleva dos años de retraso. «Causa desazón no poder dar al ciudadano una respuesta rápida, pero la realidad es que a día de hoy en Málaga tenemos tres jueces para atender 12.000 demandas. Va a llevar años poder digerirlas sin contar con más medios», afirma.

Las claves

Cláusulas suelo

Es el gran caballo de batalla por el alto número de afectados que hay en España. Se calcula que hay 700.000 afectados en España y 50.000 afectados en Málaga. Tras las sentencias del Supremo y el TJUE, que dejaron clara la falta de transparencia en su aplicación, los jueces dan la razón a los clientes en más del 95% de los casos.

Gastos hipotecarios

En España los clientes se han hecho cargo sistemáticamente de los gastos de gestoría, tasación y notaría al escriturar las hipotecas. El Supremo estableció en 2015 que cargar todos estos costes al prestatario es abusivo. Esta cláusula suele impugnarse junto a otras como la cláusula suelo por su menor cuantía.

IAJD

Se mete en el saco de los gastos hipotecarios, pero merece capítulo aparte por ser un impuesto y por haber provocado una gran polémica con el Supremo. Estado actual de la cuestión tras dos sentencias contrapuestas y un decreto del Gobierno: los bancos pagarán este gravamen a partir de ahora, pero no con efectos retroactivos.

IRPH

Este índice alternativo al euríbor ha impedido a cientos de miles de hipotecados beneficiarse de la bajada de tipos. Después de que juzgados de primera y segunda instancia lo declararan nulo, el Supremo dictó que no se puede cuestionar su transparencia porque es un índice oficial. La última palabra la tendrá el TJUE.

Vencimiento anticipado

Las cláusulas que permiten al banco iniciar un desahucio con un solo impago están pendientes del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, a petición del Supremo. Por lo pronto, la tesis del abogado general de esta corte es que son abusivas y deben ser anuladas.

Tasas de demora

El Supremo y después el TJUE han establecido que el tipo de interés que aplica el banco por demora en los pagos de la hipoteca es «desproporcionadamente alto» y por tanto nulo si excede en dos puntos porcentuales al interés remuneratorio. Las entidades llegaban a aplicar intereses superiores al 20%.

Hipotecas multidivisa

Estas hipotecas referenciadas a monedas extranjeras suelen contener 'trampas' que impiden la bajada del tipo de interés. El Supremo ha declarado repetidamente su nulidad en los casos en que se comercializaron sin informar debidamente al cliente.

Créditos con intereses abusivos

Los créditos rápidos al consumo y algunas tarjetas de crédito (como las 'revolving') esconden tipos de interés que entran de lleno en la usura, según ha declarado el Tribunal Supremo ante casos en los que se llegaba a duplicar el precio medio del mercado.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos