Cada falso autónomo le cuesta casi 2.700 euros anuales a la Seguridad Social

Una de las bicicletas que usan los repartidores de Deliveroo y la mochila con la comida a entregar. /
Una de las bicicletas que usan los repartidores de Deliveroo y la mochila con la comida a entregar.

Las asociaciones del sector ven positivo que aumente la inspección para reducir el fraude, pero discrepan respecto a su volumen real

J. A. BRAVO MADRID

El Gobierno parece decidido a poner coto al auge aparente de los llamados falsos autónomos, que pese a mantener una relación de dependencia con la empresa en la que prestan servicios son forzados a inscribirse en ese colectivo, aunque en realidad les correspondería tener contrato laboral como trabajador por cuenta ajena. Y no son pocos: entre 90.000 y 100.000 personas, según el cálculo más bajo de la principal asociación del sector, ATA, y los más de 210.000 que apunta otra organización, UATAE.

Incluso algunos despachos laboralistas y asesorías llegan a señalar la cifra de 290.000 falsos autónomos. Sea como fuere, lo que ninguno niega es que estamos, sin duda, ante un problema importante. «Es un fraude de ley y hay que combatirlo», asevera con firmeza el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, quien reclama por ello «mayor control y denuncia», dos aspectos que implican tanto a la Administración como a los propios afectados.

«Es una competencia desleal -reconoce- que hace mucho daño a aquellas empresas que contratan a sus trabajadores como marca la ley». Porque aquí, a priori, el principal beneficiado de este abuso es el empresario que se ahorra los gastos que conlleva un contrato. Por ejemplo, solo en cotizaciones se ahorran con ese fraude 562 millones de euros al año, esto es, que cada falso autónomo le costaría a la Seguridad Social casi 2.700 euros al no pagar las cuotas que le habrían correspondido.

Eso con arreglo a los cálculos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). Si atendemos a lo que dicen algunos abogados y asesores, el fraude se dispararía hasta los 776 millones anuales mientras que, por el contrario, con los cálculos de ATA bajaría a casi 268 millones, una suma en cualquier caso muy cuantiosa.

Para hacer esas cuentas se ha tenido en cuenta la cantidad de personas en situación laboral irregular que estima cada uno, el sueldo más común de los asalariados y que, por tanto, les correspondería en realidad (casi 16.500 euros anuales), el ingreso medio en la Seguridad Social de un trabajador del régimen general (el 28% de su retribución) y la cotización mínima de los autónomos (275 euros). En consecuencia, si hubiera 210.000 falsos autónomos el sistema dejaría de ingresar más de 287 millones en seguros sociales cada ejercicio, y prácticamente 137 millones si fueran 100.000.

El Ministerio de Trabajo prepara ya un plan director contra la explotación laboral que «intensificará» las inspecciones «en los próximos meses». Para ello se impartirá «formación especializada» a sus técnicos, pero los sindicatos denuncian que la plantilla actual es insuficiente. La Inspección laboral tiene 1.835 efectivos (944 inspectores y el resto subinspectores, si bien se prevén 40 nuevas incorporaciones en los primeros) que, aún siendo la cifra más alta de su historia, resultaría ineficaz para aflorar todo el fraude.

Más inspectores

Por eso desde UATAE reclaman al Gobierno que «redoble los esfuerzos», también en efectivos, puesto que en 2016 solo se identificaron por la Inspección 3.000 casos de falsos autónomos -que se enfrentan a multas de entre 3.000 y 10.000 euros, además de abonar las cotizaciones reales de los últimos cuatro años y un recargo-. Una de los aparentes coladeros para encubrirlos es la figura legal de los Trabajadores Autónomos Dependientes Económicamente (TRADE), aquellos que reciben de una misma empresa más del 75% de sus ingresos anuales.

La diferencia sustancial para distinguirlo del falso autónomo es que los del régimen TRADE tienen que disponer de su propio material y desarrollar la actividad laboral con criterios organizativos propios. Por eso, en la práctica, difícilmente buena parte de los trabajadores de las grandes plataformas digitales de la llamada economía colaborativa podrían estar adscritos a esa categoría.

Por ejemplo, los repartidores ('riders') de Deliveroo, Glovo o UberEats a duras penas cumplirían la condición de medio propio -la bicicleta no se considera un vehículo a estos efectos-, y con alta probabilidad chocarían con la condición organizativa al ser la plataforma en última instancia la que resuelve en qué turno laboral y de qué forma pueden trabajar, atendiendo solo en parte sus peticiones. Por eso ya ha habido multas de la Inspección a algunas de esas empresas -1,3 millones a Deliveroo en Barcelona por encubrir como mercantil una relación que era laboral- y también sentencias en su contra.

El sector de reparto de comida es uno donde los falsos autónomos tienen mayor peso, aunque también la industria cárnica, las empresas multiservicios, profesiones liberales (arquitectos, peritos, abogados...) y medios de comunicación -donde estarían el 25%. según ATA- y la construcción -en la que si bien quedan ya «muy pocos» (en 2008 eran el 80%), dicha asociación teme que «vuelvan a subir» si se sigue recuperando al ritmo actual-.

El presidente de ATA reconoce que «no es lógico» que solo haya 9.991 autónomos dados de alta como TRADE cuando el INE tiene registrados casi 19 veces más profesionales independientes (187.000) que «trabajan predominantemente para una empresa». Por eso desde el sector reclaman un registro eficaz de altas del TRADE, que permita a la Inspección comprobar si empresa y trabajador cumplen la legislación.

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