España perdió 5.840 millones en ingresos por fraude y errores del IVA

Bruselas realiza este cálculo con los ingresos que los Estados pierden por fraude y evasión del IVA o por prácticas de optimización del tributo. Pero también incluye los menores ingresos derivados de quiebras e insolvencias financieras, así como por errores de cálculo administrativos. Es previsible que, en este sentido, la curva descendente de los últimos años vuelva a subir cuando se recopilen los datos de 2020, con el golpe que ha supuesto la pandemia para el sector empresarial.

Pero lo que preocupa en la UE es, en realidad, las estrategias de los contribuyentes, tanto personas físicas como empresas, para eludir el pago del impuesto. Uno más en la lucha contra el fraude que desde hace años se ha convertido en objetivo de la Comisión, forzando a los Estados a adoptar nuevas medidas y reformas para limitar el impacto de este tipo de situaciones.

Precisamente, Bruselas ha informado hoy mismo del inicio de un procedimiento de infracción contra España por no haber cumplido con la transposición a su legislación nacional de las normas de la Unión Europea para combatir el fraude en la gestión de fondos europeos.

La directiva en cuestión armoniza las definiciones, sanciones, normas de jurisdicción y plazos de prescripción relacionados con el fraude y otras infracciones que afectan a los intereses financieros de la UE

Junto a España han recibido este primer aviso Croacia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía.

Respecto a la brecha del IVA, el comisario de Economía Paolo Gentiloni ha declarado que «sigue siendo un problema muy importante», especialmente teniendo en cuenta las enormes necesidades de inversiones que afrontarán los Estados miembros en los próximos años.

«Las cifras de este año representan pérdidas de más de 4.000 euros por segundo», ha advertido el comisario. Pérdidas calificadas como inaceptables para los presupuestos nacionales. «Esto implica que son los ciudadanos de a pie y las empresas quienes tienen que compensar ese déficit a través de otros impuestos para pagar los servicios públicos vitales», ha insistido durante la presentación del informe, recordando que todos deben hacer «un esfuerzo conjunto para combatir el fraude del IVA, un delito grave que saca el dinero directamente del bolsillo de los consumidores, en detrimento de nuestros sistemas de protección social y esquilmando las arcas públicas».