La escasa incidencia pero elevado coste del contrato de formación

CC OO denuncia el mal uso que se hace de este contrato: ni es solo para jóvenes, ni les cualifica, ni les da más oportunidades

LUCÍA PALACIOS

madrid. El uso que se hace en España del contrato para formación de los jóvenes es prácticamente residual -pese a que el país aún tiene una tasa de paro juvenil superior al 33%- y apenas supone un 0,2% del total de contratos firmados. Así, el año pasado, de los más de 22,2 millones de nuevos empleos registrados, solo 52.800 se hicieron con esta modalidad. Esto supone que se han desplomado un 70% desde el máximo alcanzado en 2015, cuando se firmaron 175.000 contratos. Sin embargo, pese a tener una incidencia prácticamente insignificante en el mercado laboral español, el coste que tiene para las arcas públicas es elevado y asciende a más de 2.144 millones de euros para el periodo 2013-2018, alcanzando casi los 3.000 millones si la formación se realiza en modalidad presencial y no telemática, según estima CC OO en un informe publicado ayer.

El sindicato denuncia además que la finalidad para la que se creó -que no es otra que formar a los jóvenes que no están cualificados para que consigan un empleo- se ha «desvirtuado» y se aleja cada vez más de ser «una verdadera apuesta por la empleabilidad y el empleo de los más jóvenes sin cualificación, convirtiéndolo en instrumento de precarización e inestabilidad laboral», por lo que exige una reforma.

En primer lugar, CC OO pone encima de la mesa los datos que corroboran que el destinatario de este tipo de contrato, los más jóvenes, ya no lo son tanto y se ha producido un progresivo envejecimiento de sus beneficiarios. Así, aunque en su diseño original se dirigían a los menores de 25 años, en la actualidad el 54% de las personas contratadas supera esa edad (en 2012 se aprobó elevar de 25 a 29 años la edad máxima para firmar estos contratos, condicionado a que la tasa de paro estuviera por encima del 15%, requisito que ha desaparecido). De esta forma, entre 2007 y 2018 el porcentaje de menores de 19 años pasó de ser el 71% al 13%. Y es más: el año pasado el 28% de los contratos para la formación y el aprendizaje se formalizó con mayores de 30 años (se permite para personas con discapacidad, colectivos de exclusión social en empresas de inserción y alumnos de escuelas-taller u otros programas de empleo).

CC OO también considera que se ha «alterado» la naturaleza del contrato en lo referente a la cualificación, puesto que el número de personas contratadas con formación profesional superior o estudios universitarios se ha duplicado, a pesar de que este colectivo está excluido. Así, en 2018 el 11% de estos contratos se realizaron a personas con formación profesional o estudios de grado, mientras que solo el 36% se formalizaron con personas sin estudios o con estudios primarios.

Además, el informe resalta que no contribuye a mejorar las oportunidades puesto que es el sector servicios el que acapara un 92% de estos contratos; más concretamente van dirigidos en su mayoría a dependientes de tiendas, camareros, 'kellys', personal de limpieza y peones, mientras que los sectores de la construcción y la industria, donde están las ocupaciones más cualificadas, apenas superan el 10%.