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D. VALERA
MADRID.
Sábado, 30 de diciembre 2017, 00:11
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ACS ya tiene la autorización del Gobierno para seguir adelante con la compra de Abertis. Una prueba que todavía debe pasar la italiana Atlantia, la otra pretendiente de la concesionaria, que presentó la solicitud el pasado 21 de diciembre después de haber mostrado sus reticencias a este proceso. Este trámite administrativo se ha convertido en necesario después de que el Ejecutivo considerase preceptivo su visto bueno a una operación que afecta a intereses estratégicos como son las autopistas y la compañía de satélites Hispasat de la que Abertis es la principal accionista. En cualquier caso, la última palabra sobre la aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) la tendrán los accionistas de la compañía concesionaria.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó ayer la transmisión de acciones de Abertis a favor de Hochtief -la filial alemana de ACS a través de la que se realiza la operación- a los efectos de la «normativa de contratos de concesión de autopistas de peaje, que se produciría en caso de que fuera aceptada su oferta pública de adquisición de acciones». La solicitud de autorización al Ministerio de Fomento por parte de Hochtief se realizó el pasado 21 de noviembre y se resolvió ayer. De esta forma, la compañía que preside Florentino Fernández toma la delantera por la puja sobre Abertis. En cualquier caso, el departamento que dirige Íñigo de la Serna aclaró que la autorización se concede «sin perjuicio de las que adicionalmente se soliciten». De hecho, el Ministerio de Fomento ya estudia la petición de autorización realizada por Atlantia. La duda es si el Ejecutivo pondrá condiciones a la compañía transalpina para dar el visto bueno a la operación después de haber manifestado en reiteradas ocasiones su recelo a la misma.
Este culebrón empresarial se remonta a mayo, cuando la italiana Atlantia presentó una OPA sobre Abertis que ofrecía 16,5 euros por acción y valoraba a la concesionaria española en 16.341 millones. Una operación que nunca ha sido del gusto del Gobierno porque supone poner en manos extranjeras más de 1.500 kilómetros de autopistas en España (el 59% del total de las vías de peaje) y el 91% de la empresa de satélites Hispasat. En busca de una alternativa, y tras descartar que AENA entrase en la puja, ACS presentó una OPA en octubre a través de su constructora alemana Hochtief, que valoraba la concesionaria en 18.600 millones al ofrecer 18,76 euros por acción. Es decir, mejoraba la propuesta de Atlantia.
En cualquier caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio el visto bueno a ambas ofertas, algo que molestó al Gobierno por no ser consultado previamente. De hecho, tanto el Ministerio de Fomento como el de Energía insistieron en la necesidad de tener voz en el proceso y reclamaron el 7 de diciembre al organismo regulador que revocase o anulase su aprobación. Al mismo tiempo insistieron en la necesidad de que el Gobierno se pronunciase mediante una autorización que ACS presentó rápidamente y que Atlantia ha tratado de evitar sin éxito.
Así, el pasado día 21 de diciembre la compañía italiana cedió y elevó la autorización «por respeto a las instituciones españolas y su mejor disposición a que el proceso de oferta sobre Abertis no se vea ralentizado». Sin embargo, consciente de la preferencia del Ejecutivo por ACS, la empresa italiana reclamó en el comunicado enviado a la CNMV una evaluación «neutral, eficiente y objetiva» por parte del Gobierno en una operación de «dimensión comunitaria». Una referencia a las instituciones europeas nada gratuita. Y es que Bruselas ya avaló la OPA de Atlantia al considerar que no ponía en riesgo la competencia en el sector. Además, la compañía italiana dejó claro la solicitud al Gobierno «no desvirtúa ni modifica la posición jurídica» que defiende.
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