Residencias de mayores en Málaga, condicionadas por la falta de profesionales

En Málaga y su provincia, según diferentes fuentes, existen en torno a 130 residencias, la mayoría privadas, que ofrecen alrededor de 7.500 plazas, gestionadas por distintos operadores (Ballesol y Seniors han declinado hablar con este periódico). Alejandro González es socio de Pro-Humanitas SCA, que está al frente de Residencia Pinares de San Antón y Centro residencial para mayores Élite, en Málaga. Además, es también fundador y miembro de la junta directiva de CECUA (Círculo Empresarial de Cuidados a la Persona). Este empresario señala, en primer término, que el sector está actualmente «en calma tensa» por «la inflación desbocada». «Está siendo la puntilla después de más de dos años de pandemia, donde el sector de las residencias de mayores ha sido uno de los que más ha sufrido», valora.

Para este profesional, el sector está aquejado en Andalucía de un problema de infrafinanciación por parte de la Administración: «En nuestra Comunidad, las plazas concertadas se pagan a 58,02 euros al día. De esta cantidad, la Administración paga una parte y otra, el usuario. Si hacemos cuentas, es claramente insuficiente. Con 2,41 euros la hora, tenemos que pagar a nuestro personal, cuya ratio exigida es de las más altas de España, alimentación y mantener edificios. Hay que ser muy buen gestor para que después de pagar impuestos por doquier, nos quede algo del legítimo beneficio industrial», relata, mientras añade que «la Junta de Andalucía vuelve a no querer indexar el IPC con la subida del precio de las plazas, sin diálogo, sosteniendo que eso es lo que hay y eso no es justo. La Administración pública no debe machacar al eslabón más débil de la cadena».

La infrafinanciación de las plazas concertadas representa la preocupación de los gestores de residencias de mayores, a la par que la falta de profesionales que éstas acusan. «Por poner un ejemplo de perfil, prácticamente no hay personal de enfermería, los hospitales lo absorben todo», dice González, que quiso destacar el papel de la Administración, no obstante, en cuanto al servicio de inspección que se aplica en este negocio, lo que ha sido «un fiel aliado para la mejora continua del sector».

Para AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), la falta de profesionales en el sector exige «una solución urgente». «Necesitamos incrementar de forma inminente el número de profesionales que se forman en nuestras universidades, al tiempo que agilizar los tiempos para la homologación de titulaciones. Es una realidad que la esperanza de vida de España está muy por encima de la de otros países, y somos conscientes de que debemos garantizar que nuestro país dispondrá de los servicios necesarios, de calidad, lo que está directamente relacionado con el número de profesionales de los que debemos disponer», considera Susana Valladolid, como portavoz de AESTE, que aboga, por tanto, «por hacer atractivo este sector para el mercado laboral y que, además, tenga el reconocimiento social que merece».

Además de pedir también un refuerzo de la colaboración público-privada, Valladolid reclama la opción de elegir libremente, por parte de los usuarios, «cómo y dónde quieren ser cuidados». «Se requiere, para ello, de un sistema flexible que tenga, realmente, a la persona en el centro y que ésta pueda consumir» los recursos en base a sus necesidades cambiantes, una vez se esté dentro del sistema», afirma, ante lo que defiende la opción de implantar cheques-servicio.

La transparencia en la gestión es para Alejandro González otra de las patas de este modelo de cuidados centrados en la persona: «Un familiar tiene que saber qué come, cómo se encuentra o qué actividades ha hecho la persona mayor. Una residencia es una casa, más grande o más pequeña, y así se debe sentir», expresa y recuerda que hace 25 años implantó en sus centros el horario libre de visitas, lo que se llevó por delante la pandemia. González, en el mismo sentido, consideró la necesidad de promocionar los centros de día como «un recurso de proximidad excelente».

AESTE, por otro lado, muestra su malestar por el nuevo acuerdo de acreditación estatal, aprobado en 2022, concretamente, por el hecho de que se pueda garantizar «la irretroactividad para los centros que están ahora mismo en funcionamiento, centros que cumplen todos los requisitos y fueron acreditados en su momento, con la intención de mantener la seguridad jurídica que fortalece al sector en general y que mantiene su continuidad. Tiene que dejar abierta la puerta a la convivencia de los centros ya acreditados y los de nueva creación».

Ante la subida de precios, que compromete, según este colectivo, la viabilidad del sector, podría paliarse con la articulación de ayudas económicas. En resumen, AESTE considera necesario un Pacto de Estado «que ponga el modelo de cuidados en el centro y que sirva para diseñar un sistema que sea sostenible durante los próximos años». Valladolid defiende la necesidad de repensar el modelo sociosanitario e inyectar recursos económicos «para evitar que el Estado del bienestar español se resquebraje».