El clima electoral aumenta la obra pública, que reduce sus precios

Las licitaciones por parte de las administraciones en la provincia de Málaga superan ya los 260 millones de euros, a falta de conocer los datos del último trimestre./SUR
Las licitaciones por parte de las administraciones en la provincia de Málaga superan ya los 260 millones de euros, a falta de conocer los datos del último trimestre. / SUR

Constructores advierten de «bajadas muy agresivas» de los presupuestos de salida y critican la elaboración de pliegos «cada vez menos técnicos y más económicos»

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Las citas electorales dispararán el número de obras públicas en los próximos meses, aunque el sector parte de cifras muy inferiores a los registros anteriores a la crisis. Las licitaciones por parte de las administraciones en la provincia de Málaga superan ya los 260 millones de euros, a falta de conocer los datos del último trimestre, de modo que previsiblemente se superarán los 300 millones alcanzados el año pasado. La inversión media por habitante aún no alcanza la media europea, según denuncia la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP). Su secretaria general, Violeta Aragón, considera que la obra pública «está paralizada», aunque vaticina que los comicios municipales aumentarán el número de licitaciones, incremento que suele ser menos perceptible en el caso de las elecciones autonómicas.

El sector critica que la escasez de obra de los últimos años ha provocado que algunas ofertas registren una bajada temeraria de precios, en ocasiones sin margen de beneficios e incluso con pérdidas, y reclama un aumento en la inversión realizada por las administraciones públicas, a las que solicita que no contraten proyectos rigiéndose únicamente por el criterio del presupuesto más bajo. La ACP denuncia que detrás de estas ofertas mínimas se esconden «impagos a trabajadores y proveedores, materiales de mala calidad y una pérdida general de las garantías que debe tener cualquier obra». Cada vez son más las administraciones que comprueban que la práctica de contratar proyectos al precio más bajo suele conducir a problemas en la revisión de diseños, modificaciones presupuestarias e incluso la paralización de los trabajos. El Ministerio de Empleo ya considera temeraria la bajada de 2,5 puntos sobre la oferta media, una posición reforzada con la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Los datos

260
millones de euros han invertido las administraciones en obras para Málaga este año, una cifra que los constructores consideran insuficiente.
39%
creció la licitación pública en España durante el primer simestre del año.
500
millones de euros reclama el sector que se invierta en Málaga para dar respuesta a los proyectos que necesita la provincia y a su tejido empresarial.

Aragón considera que las administraciones «deberían estudiar bien los proyectos» para evitar lanzar concursos públicos con presupuestos que no se ajustan a los precios reales de mercado: «No se pueden admitir bajadas de hasta el 50 por ciento. Es una barbaridad. Las cosas no valen la mitad de lo que valen, y ese desfase se nota luego en algún punto del procedimiento». Desde la asociación inciden en la necesidad de que el aumento de obra pública «sea sostenido en el tiempo y no responda a citas electorales». En los últimos meses, la media de empresas que presentan sus ofertas a una licitación pública oscila entre 20 y 30, una competencia que demuestra «que las inversiones no dan respuesta a las necesidades del tejido empresarial malagueño». Pese al aumento en la inversión registrado en los últimos años, los constructores insisten en que resulta necesario incrementar el número de proyectos de obra pública y de mantenimiento.

Tampoco la aplicación de las últimas modificaciones legislativas para agilizar los procedimientos administrativos convence al sector. En 2016, el Gobierno central creó un sistema exprés para licitar contratos públicos cuyos importes no superen el entorno de los 200.000 euros para suministros y servicios o los dos millones para obras. El plazo habitual para la concesión de cualquier contrato público supera los seis meses, pero las modificaciones de proyectos requieren una burocracia a veces desesperante, un escenario al que hay que sumar los retrasos en los pagos a proveedores pese a que, por ley, las administraciones no deberían tardar más de 30 días en abonar sus factores, un período que rara vez se cumple.

Más

El año pasado entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, que recoge procedimientos simplificados. Sin embargo, los constructores denuncian que las administraciones aún no se han adaptado a estos cambios ni saben cómo implantar algunos de los criterios marcados por ley, relacionados por ejemplo con el medio ambiente. El problema se agrava en el caso de los ayuntamientos. Juan Borrajo, director de Bilba Constructora, coincide en que «la lista de licitadores es inmensa y las bajadas de precios resultan muy agresivas», una situación que no beneficia a los trabajos finales «aunque no debería ser así». Borrajo critica que «los criterios de los pliegos son cada vez menos técnicos y más económicos» y solicita que la base de precios impuesta por las administraciones «sean reales y se ajusten al mercado».

Pedro Javier López, Abogado, especialista en contratación pública, recuerda que las administraciones deberían realizar, como establece la ley, estudios de mercado con la finalidad de preparar correctamente sus licitaciones, algo que «no siempre se hace» y provoca que los contratistas «se quejen de que los presupuestos de las obras, especialmente en ciertas administraciones autonómicas, están a precios insostenibles». Respecto a los contratistas, a pesar de que todavía hay cierta «alegría» en el sector de la construcción, en las licitaciones de obra pública se siguen haciendo bajas del 25 o del 30 por ciento. López considera que «si se quiere ser coherente con los parámetros de calidad y precio que establece la nueva normativa sobre contratación pública, las administraciones deberían ser mucho más restrictivas a la hora de aceptar ese tipo de ofertas».

Riesgos

López también advierte del riesgo de «encontrarnos obras que duran seis o siete años porque el contratista se ha quedado sin dinero al año de su ejecución u obras que empiezan a tener vicios en la construcción como goteras o fisuras al poco tiempo de haberse terminado, y al final lo que en un momento dado ha podido resultar barato para la administración resulta ser demasiado caro para todos». Los constructores insisten en que la inversión actual en obra pública en Málaga resulta «insuficiente» para mantener el tejido empresarial del sector y sostienen que la provincia debería manejar unos 500 millones de euros anuales para situarse en la media europea «y no a la cola».

El sector también critica que la inversión actual resulta «insuficiente para la estabilidad y la recuperación y para asegurar el mantenimiento del patrimonio construido y poner en marcha las actuaciones comprometidas».

La salida al extranjero, una opción

La drástica disminución de obra pública y privada derivada de la crisis económica supuso un zarpazo para las constructoras malagueñas. Aunque las peores consecuencias de la burbuja parecen haber quedado atrás, la situación aún colea para decenas de empresas. Una de las más históricas, Construcciones Vera, tuvo que presentar la solicitud de liquidación de su grupo empresarial, cuyos orígenes se remontan a 1941, tras no hacer frente por primera vez a los compromisos de pago establecidos en el convenio que regula el concurso de acreedores en el que se encontraba la sociedad desde hacía años. Ante esta escasez de obra pública en la provincia de Málaga, muchas constructoras locales se han lanzado a la internacionalización, un reto complejo porque requiere músculo financiero, del que carecen las pequeñas y medianas empresas del sector. Aunque en el resto de España las licitaciones se mantienen por debajo de la media europea, grandes constructoras se apoyan en proyectos nacionales e internacionales para salir adelante.