Las eléctricas piden una retribución «adecuada» para lograr precios «asequibles» de la luz

Torre eléctrica de alta tensión. /R. C.
Torre eléctrica de alta tensión. / R. C.

La patronal Aelec exigen a la CNMC «seguridad jurídica» en el nuevo sistema de pagos de peajes para adentrarse en inversiones que alcanzarán los 30.000 millones en una década

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Las compañías dedicadas a las tareas de distribución de la electricidad insisten en pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una regulación «que aporte soluciones para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y no ponerlos en peligro», tal y como ha explicado la presidenta de la patronal Aelec, Marina Serrano, en un foro de la organización sobre redes. Ese nuevo sistema, por el que se fijarán las retribuciones que las empresas reciben por esa labor (una parte de los denominados peajes fijos que se incluyen en los recibos), debe ser «predecible, estable y contemplar las inversiones» que las corporaciones deben realizar en los próximos años para que, con la implantación de más centrales renovables y la digitalización del sistema, se alcancen los retos marcados por el Plan de Energía y Clima presentado a Bruselas.

Conscientes de que Competencia está estudiando las alegaciones presentadas por el sector a las circulares que propuso antes del verano sobre el nuevo régimen de retribución -preveía un recorte para el sector eléctrico de unos 1,200 millones de euros hasta 2025-, la presidenta de Aelec (organización en la que se engloban Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo) ha recordado que alcanzar los objetivos medioambientales con las inversiones necesarias pagadas de forma suficiente «va a favor de generar beneficios con precios más asequibles» en el recibo eléctrico. Marina Serrano ha indicado «los objetivos de descarbonización suponen una mayor electrificación» y que «al aumentar la demanda de luz van a bajar los precios».

Desde el sector calculan que el nivel de inversiones necesarias que tendrán que realizar en la próxima década podría alcanzar los 30.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente un 2,5% del PIB nacional. Hasta ahora, esas inversiones habían supuesto unos 5.000 millones. Las actuaciones son necesarias para transformar un sistema en el que habrá muchas más centrales de generación repartidas por toda la geografía (eólicas y fotovoltaicas, fundamentalmente), frente a los grandes puntos de producción históricos (las siete nucleares o los ciclos combinados); así como una demanda del usuario que se adaptará a diferentes horarios, gracias a las ventajas de la implantación de los contadores inteligentes por todos los hogares.

El plazo legal para aprobar la nueva normativa vence el 31 de diciembre. En principio, no se prevén retrasos en su aplicación, a pesar de que aún siguen las negociaciones entre las partes para alcanzar un acuerdo. Si finalmente la retribución se reduce, tal y como ha propuesto Competencia, la factura eléctrica debería ser en torno a un 2% más baja; una rebaja que en el caso del gas sería de hasta el 4%. En euros, para un recibo medio, el ahorro sería de 1,30 euros en luz al mes, y de tres euros en gas.

Esos son los cálculos que se manejan en el sector energético en base a la última circular de Competencia que insta a actualizar a la baja (un 7% menos para la distribución eléctrica, y un 8,2% para el transporte; y un 17,8% y un 18,8% en el caso del gas, respectivamente) las retribuciones que perciben las grandes compañías. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2020. Esas previsiones parten de de una realidad: los peajes (la parte fija de la factura) representan aproximadamente un 60% del importe total del recibo que paga el consumidor. El otro 25% corresponde al consumo efectivamente realizado (su cuantía depende de la tarifa contratada en cada hogar); y otro 15% son impuestos, como el IVA.

Dentro de los costes fijos, los de transporte (en el caso de la luz, las líneas de alta tensión desde las centrales) y distribución (hasta cada hogar) suponen un 22% del total. Esta sería la parte que, al verse reducida según propone la CNMC, rebajaría el coste total de la factura. El resto de conceptos (pagos a las energías renovables, déficit tarifario, insularidad, pagos por capacidad o residuos nucleares, entre otros) se mantendrían sin cambios, por ahora