Dia echará el cierre a 219 tiendas al no encontrar comprador

La cadena aún negocia el posible traspaso de otra treintena, mientras ve a CC OO «oportunista» por denunciar ahora fraude de ley al tramitar su ERE

J. A. BRAVO

madrid. Nuevo revés para las cuentas de Dia, la tercera mayor cadena de supermercados del país. Este año echará el cierre definitivo a 219 tiendas, al menos, pues otras cuarenta (hasta sumar 258) aún están pendientes de su futuro. Y el motivo ha sido la falta de resultados concretos en las conversaciones abiertas hace meses para buscar compradores.

El grueso de las clausuras de locales, que prevén realizarse este mismo mes, se realizarán en Cataluña (38), Comunidad Valenciana (31), Galicia (24), Asturias (22), Castilla y León (21), Madrid (20), Castilla-La Mancha (16) y Andalucía (15). No obstante, el grupo aún seguirá trabajando para vender una treintena aparte a otras firmas del sector como El Corte Inglés, Carrefour y Lidl.

Así lo anunció ayer el abogado de la compañía en el juicio que se celebró ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado para 2.064 empleados -al final quedaron en 1.604-tras sus pésimos resultados en 2018 -352 millones de euros en pérdidas- y la amenaza de quiebra. Este último riesgo, no obstante, parece haber quedado despejado tras alcanzar un acuerdo con la banca acreedora para retrasar el pago de la deuda hasta 2023 y una próxima ampliación de capital por 500 millones de euros.

Eso fue lo que argumentaron los representantes de FIGA y CC OO para reclamar que se anule el ERE, al estimar que aunque las causas económicos pueden permanecer sí han cambiado las circunstancias e incluso la información disponible sobre la empresa, «algo imprescindible para una negociación de buena fe». «No es lo mismo tener que pagar a los acreedores a finales de mayo que en cuatro años», arguyeron, además de referirse al nuevo plan estratégico que prepara el magnate ruso Mikhail Fridman ('LetterOne'), que controla el 70% del capital social.

Por eso estiman que ha podido incurrirse en «fraude de ley y abuso de derecho». La empresa, empero, les acusó de «oportunismo sindical».