Los desahucios por impago de alquiler duplican ya a los de hipoteca en Málaga

Imagen de archivo de una protesta por un desahucio en la capital malagueña. /Salvador Salas
Imagen de archivo de una protesta por un desahucio en la capital malagueña. / Salvador Salas

La subida de las rentas hace que aumenten los lanzamientos: en el primer trimestre se practicaron 444, que se suman a los 1.697 del año pasado

Nuria Triguero
NURIA TRIGUEROMálaga

La carestía del alquiler está teniendo ya un reflejo claro en los juzgados de la provincia, que registran un aumento de los procedimientos de desahucio practicados contra arrendatarios morosos. Así, el año pasado 1.697 personas fueron desalojadas por orden judicial a causa del impago de la renta. A ellas se suman otras 444 del primer trimestre de este año. El incremento viene siendo sostenido en los últimos cuatro años: los juzgados malagueños realizaron 1.450 lanzamientos en 2015, 1.485 en 2016, 1.589 en 2017 y 1.697 en 2018. Así lo revela la estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En cambio, las ejecuciones hipotecarias siguen la tendencia contraria: en esos mismos años mencionados se han practicado 1.655, 1.400, 1.207 y 733 en la provincia de Málaga. Es decir, que entre 2015 y 2018 se han reducido a menos de la mitad. En el primer trimestre de 2019, los juzgados malagueños han ordenado 208 lanzamientos basados en el impago de hipoteca, que representan menos de la mitad de los desahucios vinculados a contratos de alquiler. La proporción hace unos años era la inversa.

En Málaga capital se concentran la mayoría de estos desalojos. Según el juez decano, José María Páez, en 2018 se ejecutaron 630 desahucios en viviendas en régimen de alquiler (fuera por impago de renta o por finalización de contrato) y 209 por impago de hipotecas. En el primer trimestre de este año se han realizado 147 y 36, respectivamente.

La explicación de este cambio de tornas en los desahucios es multifactorial. Por un lado, las hipotecas se han abaratado por efecto de la bajada del euríbor, que actualmente se encuentra en negativo. Además, las entidades financieras están ahora más dispuestas a llegar a acuerdos con sus clientes para la dación en pago y evitar así la conflictividad y la mala imagen que acarrean los desahucios forzosos.

Mientras, los arrendamientos viven una fuerte escalada, especialmente en Málaga capital, donde se combina una creciente demanda –abonada por la llegada de trabajadores de otras provincias y países– con una escasa oferta disponible. La consultora Savills Aguirre Newman estima que el parque de vivienda de alquiler de larga estancia en la capital malagueña está entre 1.000 y 1.300 pisos. Según el portal inmobiliario Idealista, Málaga es la segunda capital española donde más sube el alquiler: un 42% en los últimos cuatro años.

Diálogo con los bancos

La directora general en funciones de Derechos Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Ruth Sarabia, confirma este cambio. «Prácticamente han desaparecido los desahucios de familias con hipoteca y eso tiene mucho que ver con el diálogo que hemos establecido desde el Consistorio con los bancos. Hay una mesa en la que están representadas todas las entidades financieras, que se reúne cada dos meses, presidida por el alcalde, para abordar este tipo de problemas. Tienen que ser casos muy extremos, en los que se vea que hay un aprovechamiento deliberado por parte de los clientes, para que no se llegue a un acuerdo», explica.

El problema, reconoce Sarabia, se ha trasladado al ámbito de los alquileres. «De hace cinco años a ahora los precios no tienen nada que ver, eso es una realidad. Y es normal que los propietarios quieran actualizar las rentas, no se les puede demonizar por eso», apunta la directora de Derechos Sociales y Participación Ciudadana. La mayoría de desahucios se originan por impagos reiterados. «En muchos casos son familias con las que ya venimos trabajando», afirma.

La intervención del Ayuntamiento evita el desalojo forzoso en un 70% de los casos

Evitar que se repita una vez más la desgarradora imagen de una familia acarreando sus pertenencias tras ser desalojada a la fuerza de su casa es el objetivo prioritario de los servicios sociales municipales cuando son alertados de la inminencia de un nuevo desahucio. Y en la mayoría de los casos, su intervención es eficaz. Según la directora general en funciones de Derechos Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Ruth Sarabia, el 70% de los desahucios en los que interviene el Consistorio se consiguen frenar, bien sea porque propietarios e inquilinos llegan a un acuerdo en el precio o bien porque se pacta un aplazamiento temporal de la salida. «Los servicios sociales, incluyendo a la Unidad de Emergencia Social, trabajamos conjuntamente con la Oficina del Derecho a la Vivienda [que depende del Instituto Municipal de la Vivienda] para intermediar entre los propietarios y los inquilinos», explica. «Tenemos una sensación agridulce porque gracias al trabajo coordinado entre trabajadores sociales y expertos jurídicos conseguimos evitar el desalojo la mayoría de las veces, pero a la vez constatamos que los casos no paran de crecer», añade.

Sarabia se muestra sorprendida ante el hecho de que en muchos casos, las familias afectadas por el inminente desahucio no habían acudido previamente al Ayuntamiento a pedir ayuda, bien por desconocimiento o «porque piensan que los servicios sociales son para gente que está peor que ellos».

En los desahucios que no se consiguen evitar, cuando hay familias afectadas, interviene la Unidad de Emergencia Social para buscar un alojamiento temporal para los afectados. El Consistorio tiene diez alojamientos transitorios de emergencia que son claramente insuficientes para las necesidades actuales, por lo en ocasiones hay que recurrir a hostales. «Para después del verano entrarán en servicio otras diez viviendas más que estamos acondicionando, de forma que duplicaremos la red», afirma Ruth Sarabia.