Los contratos del AVE incluirán cláusulas 'antifraude' para evitar los cárteles

J. A. BRAVO

madrid. Primero fueron las denominadas bajas temerarias en los concursos públicos -adjudicaciones a precios muy inferiores a los de los pliegos- y ahora le toca a las propias cláusulas de los contratos. ADIF, la sociedad pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, va a incluir penalizaciones expresas contra los cárteles y otras conductas que alteren el libre mercado. Lo hace a raíz de la multa de 118 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso hace casi dos meses a 15 empresas por formar varios cárteles para repartirse hasta 200 contratos de electrificación y electromecánica ligados a la red ferroviaria, por más de 1.000 millones y durante más de 14 años. Los gestores de ADIF reconocieron ayer esa relación causa-efecto, que les ha llevado a obligar a las empresas que trabajen con ellos a asumir un «compromiso ético». Así, los licitadores y adjudicatarios de sus obras y servicios habrán de «respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad», así como «abstenerse de comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta».