El Constitucional estudiará los pagos fraccionados de las empresas a Hacienda

La medida incluida en la reforma del Impuesto de Sociedades de 2016 buscaba aumentar la recaudación para cumplir con el objetivo de déficit

EDURNE MARTÍNEZ MADRID.

El Tribunal Constitucional estudiará si una de las medidas incluidas en la reforma del impuesto de sociedades de 2016, los pagos fraccionados, respeta los principios constitucionales, tras admitir a trámite la cuestión interpuesta por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Esta cuestión obedece al recurso presentado por una empresa hace tres años contra la reforma de los pagos fraccionados que obligaba a adelantar parte del impuesto durante el año en curso antes de conocer sus resultados reales al cierre del ejercicio, con el objetivo de aumentar la recaudación y llegar al objetivo de déficit de ese año, que estaba entonces en el 4,6% del PIB.

Concretamente, eran las empresas con una cifra de negocio superior a los 10 millones de euros las que tenían la obligación de adelantar un 23% de su beneficio a lo largo de tres pagos fraccionados en los meses de abril, octubre y diciembre. Ascendía al 25% para las entidades de crédito y las empresas petroleras. Según el entonces ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, la medida, con la que se buscaba ingresar 8.000 millones más, solo afectaba a 9.000 empresas, que eran las que tenían en ese ejercicio una facturación de más de 10 millones.

Aunque los tribunales han resuelto en varias ocasiones a favor del decreto, la Audiencia Nacional tenía dudas sobre la constitucionalidad de este real decreto en dos cuestiones: el traspaso de los límites de la norma y la vulneración del principio de capacidad económica.

Capacidad económica

En este sentido, aunque a la hora de liquidar el impuesto, las empresas pueden ajustar el abono según los pagos fraccionados que permiten reducir la carga fiscal final, «no puede decirse que no haya sido lastrada por la presión fiscal», según señala la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, ya que «habrá tenido que hacer frente a los pagos a cuenta y tomar las prevenciones necesarias para tener liquidez» .

Y es que este adelanto puede traer consigo «importantes repercusiones en la situación financiera de la sociedad y en la actividad empresarial» en su conjunto, que «no dejan de existir aunque luego se devuelva una parte de lo pagado sin intereses», concluye.

Tras la admisión a trámite, el Constitucional da 15 días al Gobierno, al Congreso, al Senado y al Fiscal para presentar alegaciones respecto al decreto-ley antes de que se resuelva definitivamente la cuestión objeto de estudio.

Si el Tribunal Constitucional decide que ese pago fraccionado queda anulado, podría darse el caso de que el TC obligara a Hacienda a reintegrar a las empresas los intereses por ese pago adelantado del tributo.

Desde el Ministerio de Hacienda, ahora capitaneado por María Jesús Montero, aseguran a este periódico que no se plantean ahora mismo un escenario de caída de la recaudación si se anula del real decreto de 2016. «Hay que esperar y respetar los tiempos de la justicia», explican desde el ministerio, al tiempo que afirman que no quieren hacer valoraciones sobre la constitucionalidad del mismo ya que se trata de un procedimiento abierto.

Caída de la recaudación

Cuando Cristóbal Montoro aprobó esta reforma, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades se desplomaba tras haber reducido el tipo nominal del tributo al 25% y suavizado los pagos fraccionados. Montoro negó que se tratara de una subida del impuesto y defendió que se trataba de «restablecer» el sistema de tipo mínimo de pagos fraccionados que estuvo en vigor entre 2012 y 2015 y que se suprimió precisamente este año, si bien en aquella ocasión el tipo mínimo se estableció en el 12% y a empresas de 20 millones de facturación. En 2016 el tipo del pago fraccionado se subió al doble y a partir de 10 millones.