Bruselas relaja el control del déficit pero pide a España que cuadre 7.800 millones

Después de una década, la Comisión Europea libera al país del procedimiento por déficit excesivo, al conseguir bajarlo del 3%

SALVADOR ARROYOBRUSELAS.

La Comisión Europea saca de su foco escrutador a la economía española. Por primera vez en diez años, la libera del procedimiento por déficit excesivo, ese brazo correctivo que refuerza la vigilancia sobre las finanzas públicas de los Estados, bajo amenaza de sanciones, y que se activa cuando el descruadre entre ingresos y gastos rebasa el umbral del 3% del Producto Interior Bruto. La decisión se esperaba desde hace meses, pero ayer se hizo oficial. Porque España hizo sus deberes el pasado año, con un déficit del 2,5%, por debajo de esa cota del 3%, y porque las previsiones para este y el próximo apuntan a que seguirá cumpliendo con ese límite mediante ratios del 2,3% y el 2%, respectivamente.

«Ha sido un camino largo y ahora tiene que seguir trabajando para que sus cuentas públicas sigan en orden», resaltó Vladis Dombrowskis, vicepresidente del Ejecutivo comunitario y comisario para el Euro. El país se colocó como alumno rezagado en 2009 con una decena más y ha permanecido ahí hasta quedarse solo tras ir suspendiendo un examen tras por desfases en su déficit nominal que llegaron a moverse en el entorno del 10% durante los años más duros de la recesión.

La cuestión es que ya está. Ese trance se ha superado. La Comisión Europea pide liberar a España y será el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) el encargado de dar el 'ok' el día 14 en Luxemburgo. «Se situará a partir de ese momento bajo el brazo preventivo», una fórmula ya menos intrusiva que vela por que los números rojos no vuelvan a descontrolarse. Aunque desde otro punto de vista.

Ahora la lupa se coloca sobre el déficit estructural, que depende de las decisiones gubernamentales y no atiende a ciclos económicos. Y aquí a España se le volverá a leer la cartilla si se sale de la vía. En 2018 se quedó en el 2,7%, en 2019 puede llegar al 2,9% y, si Madrid no atiende a las recomendaciones comunitarias, descarrilará en 2020 (3,2%).

Bruselas pide, por tanto, ajustes. Porque el equilibrio presupuestario debería lograrse ya en 2022. El planteamiento es recortar las diferencias en torno a un 0,65% del PIB entre este año y el próximo, lo que obligaría al Ejecutivo de Pedro Sánchez bien a mejorar los ingresos (más impuestos) o bien a recortar los gastos. Tiene que cuadrar unos 7.800 millones de euros.

En la primera derivada, los ingresos, hay dudas sobre lo que refleja el Plan de Estabilidad Presupuestaria que España envió a Bruselas en abril. La Comisión precisa que aunque el escenario macroeconómico en el que se apoya dicho plan hacen «plausibles» las previsiones de España, existen «riesgos» de que no logre «sus objetivos fiscales». «La incertidumbre sobre el rendimiento o la adopción de muchas de las medidas de ingresos es grande», incide Europa.

Aprovechar mejor la inercia

En un trazo grueso, estrictamente macroeconómico, se invita a España, con un crecimiento por encima de la media de la UE, a aprovechar mejor esa inercia para mejorar la productividad y aminorar su deuda pública. Porque ahí también 'pincha'. No es el único. Francia (lo de Italia es caso aparte) tiene el mismo problema: el desfase en el sector público es alto.

La fotografía de España refleja que la relación entre sus números rojos y el PIB, que se situó en el 97,1% en 2018, siga recortándose hasta el 95,8% este año y caiga hasta el 88,7% en 2022. Pero el último promedio de la UE se sitúa en el entorno del 60%.

En cualquier caso, el fin del procedimiento por déficit excesivo para España se leyó aquí como el final del negro ciclo de la recesión económica. «Era el último de estos procedimientos que se abrieron en 2009 y los españoles han hecho un importante esfuerzo. Sabemos que aún quedan problemas», remarcaba Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros. El principal, el paro y la precariedad laboral, especialmente entre los más jóvenes. El informe de la Comisión expone, al respecto, que, pese a que el desempleo continúa cayendo, debe «impulsar la transición de los contratos temporales a indefinidos».

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