Berlín duda ahora de la 'tasa Google' que impulsan España y Francia

Los ministros de Finanzas de la UE evidencian su división a la hora de acelerar la integración económica con el cierre de la unión bancaria

ADOLFO LORENTE

La estrategia fiscal del Gobierno español se complica por momentos. Los problemas llegan ahora por el flanco europeo y se refieren a la llamada 'tasa Google' que ideó en su día el Gobierno de Mariano Rajoy y que hizo suya el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sobre el cómo será o a quién afectará poco se sabe. Lo que sí ha recalcado el Ministerio de Hacienda es que quieren que su entrada en vigor sea «inminente». Sin embargo, no es lo mismo aprobar una medida de este calado en solitario que hacerlo de la mano de otros grandes Estados miembros de la UE. El 'o todos o ninguno' suele ser la columna vertebral de este tipo de decisiones y este viernes se confirmó que la todopoderosa Berlín tiene algo más que dudas.

«Entiendo que piden algunas precisiones, que quieren calibrar la cosa. De acuerdo, debatamos. No me puedo imaginar que un país como Alemania realmente lo rechace», recalcó ayer el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Lo hizo desde Viena, donde hasta hoy están reunidos los ministros de Finanzas del euro (Eurogrupo) y de la UE (Ecofin) para abordar el futuro de la Unión Económica y Monetaria. Con sus declaraciones, Moscovici no ocultó su preocupación ante unas informaciones filtradas esta semana en Berlín en las que se aseguraba que el Gobierno de Angela Merkel no estaba por la labor de aprobar la 'tasa Google', con la que estiman recaudar unos 5.000 millones anuales.

Por su parte, la ministra española, Nadia Calviño, reiteró la voluntad del Gobierno de seguir adelante con esta propuesta, aunque matizó que aún se está concretando. «Lo que se busca es que las actividades de las plataformas digitales sean gravadas igual que las actividades que se dan en el mundo real», resaltó. Se trata, dijo, de evitar que haya actividades productivas y beneficios que como ocurre en la actualidad «no están siendo gravados de forma proporcional a los recursos y, sobre todo, no se gravan en el país donde se generan esos beneficios».

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